El Ministerio Público incluyó en su oferta probatoria del caso SeNasa 2.0-A, relacionado con presuntas irregularidades en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (Senasa), los testimonios de cientos de afiliados que, según la acusación, aseguran no haber recibido servicios médicos que aparecen reclamados a la aseguradora estatal.
El documento presentado por la Dirección de Persecusión del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecusión de la Corrupción Administrativa (Pepca) identifica testimonios desde el número 10 y, al menos, hasta el número 300, correspondientes a personas contactadas durante la investigación.
En numerosos casos, la acusación señala que los afiliados manifestaron no reconocer haber recibido servicios de determinados médicos cuyos nombres aparecen vinculados a reclamaciones sometidas a Senasa.
Entre los primeros testimonios figuran personas que, de acuerdo con el expediente, no reconocen haber recibido servicios de la ginecobstetra Griselda Altagracia Basora Ramírez.
La acusación sostiene, además, que como parte de la investigación financiera fueron identificadas múltiples transacciones entre algunos de los médicos señalados y el imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez, elemento que el Ministerio Público relaciona con las declaraciones de los afiliados y con otros hallazgos incorporados al expediente.
La misma modalidad aparece en los testimonios relacionados con otros profesionales de la salud. El Ministerio Público señala, por ejemplo, que varios afiliados no reconocen haber recibido servicios de la cirujana Laura Altagracia Santana Evangelista, del doctor Adriano H. López y del médico Edwin Alberto Batista Cruz.
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Testimonios sobre otros médicos
La oferta probatoria también incluye personas que, según la acusación, no reconocen haber recibido servicios de los doctores José Luis Díaz Hernández, Rafael Mauricio Cabral González, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Wander Manuel Díaz Encarnación, entre otros profesionales mencionados en el expediente.
En el caso de Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, exsubdirector del Hospital Darío Contreras, el documento identifica testimonios de afiliados que supuestamente no reconocen haber recibido servicios de ese médico. La acusación vincula esas declaraciones con otros elementos de su investigación financiera.
También aparecen testimonios relativos al doctor Wander Manuel Díaz Encarnación, en los que varios afiliados, de acuerdo con el Ministerio Público, niegan haber recibido servicios de ese profesional.
La relación de testimonios continúa hasta, por lo menos, el número 300. En los testimonios 297, 298 y 299, por ejemplo, el expediente señala que las personas indicadas no reconocen haber recibido servicios médicos de determinados profesionales.
Funcionarios y peritos, otra pieza de la acusación
Además de los afiliados, la Pepca incluyó como testigos y peritos a funcionarios y especialistas que participaron en las auditorías y análisis realizados durante la investigación.
Entre ellos figuran Giselle M. Herrera Segura, coordinadora de la Unidad de Investigación de Senasa, y Helen Navil Encarnación Alcántara, subgerente de Auditoría Médica de la institución.
Según la oferta probatoria, ambas deberán explicar la metodología, los antecedentes, los levantamientos y los hallazgos de los informes de auditoría relacionados con reclamaciones presentadas a Senasa.
La documentación también contempla la participación de peritos de la Subdirección de Auditoría Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), quienes deberán explicar los métodos utilizados, los hallazgos y las conclusiones de informes de análisis financiero relacionados con los investigados.
Entre estos peritos se encuentran Valentina Suero de la Cruz, Wanda María Ramírez Rodríguez, Evelin José Gerez y Tomás Ery Heredia Severino, quienes participaron en la elaboración o análisis del informe pericial financiero identificado como INACIF-AF-025-2025.
La oferta incluye, además, peritos de documentos copia forense del INACIF y un investigador y analista forense digital de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), cuya participación está relacionada con informes documentales y digitales incorporados a la solicitud de medida de coerción.
De acuerdo con el expediente, estos testimonios y peritajes forman parte de los elementos que el Ministerio Público pretende presentar para sustentar su teoría del caso.
Las afirmaciones sobre la existencia de fraude, irregularidades o responsabilidad penal corresponden a la acusación y deberán ser valoradas por el tribunal conforme avance el proceso, junto con las pruebas y los argumentos que presenten las defensas de los imputados.
