A pesar de los esfuerzos puntuales y avances limitados, las condiciones generales del sistema penitenciario en República Dominicana siguen marcadas por una crisis profunda, caracterizada por una sobrepoblación que registra incremento récord con excesos de hasta el 787 % en recintos tradicionales; el hacinamiento, y una elevada tasa de prisión preventiva que ronda el 65 %, de acuerdo con el informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión 2025, presentado ayer por la Oficina Nacional de la Defensoría Pública (ONDP).
El documento, en el que la Comisión de Cárceles de la ONDP evalúa 45 centros de privación de libertad a nivel nacional, revela con cifras y fotografías, cómo la saturación de los espacios y la falta de garantías básicas ponen en entredicho el respeto a la dignidad humana.
El drama del hacinamiento
El informe consolida una capacidad instalada a nivel nacional de 16,357 espacios para una población carcelaria real de 23,270 personas, lo que genera un excedente de 6,913 reclusos y una tasa de ocupación general del 142.26%. Sin embargo, el análisis por centros de régimen tradicional que hizo la ONDP evidencia niveles alarmantes de sobrepoblación.
Resalta entre ellos la Fortaleza Militar 19 de Marzo, en Azua, que tiene el índice más crítico con un 787% de exceso respecto a su capacidad, al albergar 204 personas en un espacio diseñado originalmente para 23.
TemasRelacionados
También la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, en Santo Domingo, que mantiene un nivel de hacinamiento del 660 %, ya que en un espacio concebido para solo 10 alberga 76; la cárcel Pública de Baní-Hombres, que opera con un 431% de exceso al albergar 828 reclusos en un área diseñada para 156; la Cárcel Pública de Operaciones Especiales, en Santo Domingo, con 417% de exceso; y la cárcel pública del 15 de Azua, que registra un 405%.
Asimismo, indica que la Fortaleza Militar general Olegario Tenares de Nagua, tiene una saturación extrema de un 323 %, “lo que obliga a los reclusos a dormir en pasillos, en baños, sobre piletas y en hamacas suspendidas que colapsan frecuente en las noches”
El informe también agrega que una situación similar se da en la Fortaleza San Fernando de Montecristi, donde el exceso alcanza el 209 % y un 15 % de internos “duerme en el área de baño bajo condiciones de humedad y oscuridad permanente”.
Exceso prisión preventiva
El informe resalta que la cantidad de presos preventivos continúa siendo desproporcionalmente mayor frente a la población de condenados, revelando que el 64.82 % de los reclusos (15,025) se encuentra bajo prisión preventiva. En contraste, solo el 35.1 8%, equivalente a 8,156 personas, cumple una pena mediante sentencia definitiva.
Esta prevalencia masiva evidencia un uso excesivo de la medida de coerción más severa, congestionando los recintos con miles de ciudadanos que legalmente presumen su inocencia”, subraya el informe.
Enfermos mentales
De acuerdo con la ONDP, las condiciones sanitarias y de infraestructura agravan la crisis humanitaria en los centros evaluados.
Respecto de la salud mental, el informe revela un desamparo crítico a nivel nacional. Aunque se registran casos dramáticos en diversos recintos, como 54 internos con trastornos mentales en la cárcel Baní-Hombres, 16 en Nagua y 8 en San Juan, la mayoría no recibe tratamiento médico constante debido a que los distintos centros carecen de psiquiatras y no disponen de los medicamentos esenciales para estas condiciones.
Asimismo, el informe especifica que, que en los centros evaluados por la ONDP los dispensarios médicos operan sin equipos básicos de diagnósticos, sin camillas suficientes y con limitaciones severas en la provisión de medicamentos para enfermedades crónicas. De igual forma, la institución resalta serios desbalances nutricionales, así como infestaciones de plagas y acumulación de deshechos.
Infraestructura y plagas
En otros recintos, como el de Nagua, se identificó “un riesgo inminente de colapso en los techos del área femenina”, mientras que en Neyba, Barahona y La Victoria “persisten afluentes de aguas negras” corriendo cielo abierto.
Cuestiona al Congreso
Frente a ese tétrico panorama, el director de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, reiteró durante su discurso que, a pesar de los esfuerzos institucionales aislado, el sistema penitenciario requiere una intervención multisectorial urgente.
Cuestionó la labor del Congreso Nacional, al señalarla evidente contradicción de haber aprobado un nuevo Código Penal que contempla más de 70 nuevos delitos sin haber creado con antelación la infraestructura penitenciaria necesaria para albergar a esa nueva población carcelaria.
Asimismo, el titular de la ONDP criticó que, no obstante, la promulgación de la Ley número 103-21 sobre el Sistema Penitenciario y Correccional (la cual derogó la antigua Ley número 24-82), se continúe cayendo en la apatía y se mantengan los vicios del pasado. En ese tenor, afirmó que el hacinamiento actual impide que el sistema penal eduque, rehabilite y garantice una efectiva reinserción social, lo cual constituye el fin supremo de la pena.
Informe
Llamado a la acción
El titular de la ONDP enfatizó que es imprescindible revisar las medidas de coerción y adecuar las infraestructuras en riesgo y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Personalidades presentes
En el acto de presentación del informe estuvieron presentes destacadas personalidades. Entre ellas, el embajador de la OEA en el país, Esteban de la Torre; del PNUD, María del Pilar y José Ángel Aquino; Luis Valera, de la Organización de Clúster América Migrantes; Servio Tulio Castaños G., de la Finjus; y Mildred Samboy y Manuel María Mercedes, de la CNDH.
La sobrepoblación registra récord de hasta el 787% en recientos viejos
Realizó trabajo
Integrantes
