La suspensión de las elecciones en Haití y la grave situación de inseguridad que atraviesa ese país generan profunda preocupación entre legisladores dominicanos, quienes durante el cuadragésimo primer período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), celebrado en Santiago, llamaron a la comunidad internacional a asumir un papel más activo frente a la crisis haitiana.
El senador por Santiago, Daniel Rivera, consideró que la crisis política de Haití representa una presión constante para República Dominicana, tanto en términos económicos como políticos, debido a que ambos países comparten la misma isla.
Rivera sostuvo que República Dominicana debe aprovechar espacios clave como la cumbre de la CEPAL para llamar la atención de los países de América Latina y el Caribe sobre la crisis haitiana y sus repercusiones directas para el país. Además, respaldó la postura del presidente Luis Abinader de recurrir a organismos internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), para contribuir a la búsqueda de una solución definitiva.
“Si Haití se logra democratizar estoy seguro de que nosotros vamos a tener un mejor desempeño como nación debido a que vamos a quitar esa presión que constantemente estamos invirtiendo en la región fronteriza”, indicó Rivera.
Al ser cuestionado sobre la nueva fuerza pacificadora que se proyecta para Haití y el hecho de que intervenciones anteriores no hayan logrado los resultados esperados, Rivera consideró que en esta ocasión debe existir mayor decisión política y planteó que Estados Unidos debe aportar recursos y tecnología.
“Estados Unidos tiene que aportar esa parte de recursos, la parte tecnológica”, manifestó el senador, al señalar que el respaldo de esa potencia podría contribuir de forma decisiva a los esfuerzos de estabilización.
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Rivera también vinculó la solución de la crisis haitiana con la urgente generación de empleos, el desarrollo económico y la educación. Afirmó que la existencia de condiciones democráticas podría favorecer la creación de puestos de trabajo y el crecimiento de sectores vitales como el turismo.
Como ejemplo de desarrollo económico, citó la zona de Codevi, donde aseguró que existen más de 19,000 empleos directos. Según explicó, durante visitas realizadas cuando se desempeñaba como ministro de Salud pudo observar que esa zona presenta condiciones de estabilidad y desarrollo muy diferentes a otras áreas de Haití.
Además, destacó la formación de profesionales haitianos en República Dominicana en áreas críticas como medicina, estomatología y el sector agropecuario. A su juicio, estos profesionales podrían contribuir al desarrollo de Haití, pero muchos terminan emigrando a otros países debido a las precarias condiciones de su nación.
“Empleo, democracia y educación”, resumió Rivera como los pilares necesarios para avanzar en el desarrollo haitiano.
Por su parte, la diputada por Santiago, Soraya Suárez, expresó su profunda preocupación por la suspensión de las elecciones haitianas y pidió a la OEA prestar atención urgente a las solicitudes realizadas por el presidente Luis Abinader y por el pueblo dominicano.
Suárez manifestó que los ciudadanos haitianos continúan sufriendo los devastadores efectos de la violencia de las bandas armadas que operan en ese territorio y dijo esperar que la nueva iniciativa internacional logre evitar más tragedias humanitarias en Haití.
La legisladora, sin embargo, advirtió que prefiere no generar altas expectativas sobre los resultados de una nueva fuerza internacional, recordando que intervenciones pasadas fracasaron en solucionar el conflicto.
“Yo no quiero tener ningún tipo de expectativas porque no quiero desilusionarme de nuevo”, expresó.
Suárez insistió en que República Dominicana siempre podrá colaborar con Haití, pero estableció claros límites sobre el nivel de responsabilidad que el Estado dominicano debe asumir.
“La solución de Haití no está en República Dominicana”, expresó con firmeza Suárez.
La congresista consideró que República Dominicana debe mantener su absoluta capacidad de tomar decisiones soberanas sobre su territorio y sus políticas migratorias, reiterando la disposición de colaborar dentro de las posibilidades del país.
“Nosotros tenemos todo el derecho de defender nuestra soberanía. Queremos ayudarles, pero no pueden tener imposiciones”, indicó la diputada.
