El presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), Marcos Rodríguez, aclaró que el sector arrocero no respalda la derogación del decreto 693-24, debido a la protección que ofrecía a la producción nacional frente al desmonte arancelario del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
“Los productores no estábamos de acuerdo con la derogación del decreto; fue lo primero que dijimos porque quedábamos libres”, manifestó.
Sus declaraciones toman lugar luego de reunirse con el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, y otros altos funcionarios del Gobierno, en el Club Cerro Alto en La Vega, el pasado domingo, asegurando que en ningún momento los productores se mostraban de acuerdo con la revocación de la medida ni se les consultó al respecto.
Rodríguez indicó que lo que realmente apoyaron fue respaldar al presidente Luis Abinader y a la comisión negociadora de tratados en el proceso de renegociación del DR-CAFTA mientras se mantienen a la espera de respuestas concretas por parte del Estado dominicano.
«La derogación no fue el tema, el tema fue la propuesta. Nosotros apoyamos al presidente y apoyamos la comisión de tratados porque ellos son los que están negociando en nombre de nosotros, sí, pero no puedo decir que yo estaba de acuerdo con la derogación del decreto”, aclaró.
Tras reunirse con las autoridades agrícolas, los diferentes actores del sector arrocero presentaron propuestas al Gobierno para garantizar la continuidad de la producción local, pero hasta la fecha el dirigente gremial afirmó que no se les ha ofrecido ninguna solución concreta aceptable.
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Al mencionar que Fenarroz había advertido desde la firma del tratado sobre las desventajas competitivas del sector, señaló que el anterior decreto había traído tranquilidad al campo pero su anulación sumerge de nuevo a los productores en la incertidumbre.
Nuevo decreto y el DR-CAFTA
Tras la reciente supresión del decreto 693-24 mediante el nuevo decreto 635-26 por parte del ejecutivo, el futuro del arroz dominicano se ha situado en el centro del debate económico y político nacional.
Firmado hace dos décadas, este tratado contemplaba un calendario de desgravación arancelaria para proteger a sectores sensibles; sin embargo, ese plazo llegó a su fin el 1 de enero de 2025, estableciendo un arancel cero para el arroz procedente de Estados Unidos.
Para mitigar el impacto, el Poder Ejecutivo emitió en 2024 el decreto 693-24 para establecer cuotas límites de importación y fijar un arancel defensivo del 99% para cualquier cantidad de arroz que excediera ese límite.
No obstante, tras objeciones del país norteamericano, por supuesta violación a los compromisos del tratato, la medida fue anulada el pasado 9 de septiembre mediante el decreto 635-26.
A juicio de Rodríguez, esta disposición pone en estado de vulnerabilidad al sector ante su nula competitividad bajo una economía de escala frente a las importaciones, recordando que la producción se sostiene de las factorías y en un gran porcentaje del sector de agroquímicos, por lo que cualquier impacto negativo puede afectar a todo lo relacionado con el sector.
