Un proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados propone reducir en un 30 % los intereses que cobran las entidades financieras por el financiamiento con tarjetas de crédito, establecer un límite máximo del 45 % anual y obligar a las entidades a devolver los cobros indebidos a los usuarios.
La iniciativa fue presentada este martes por el diputado Alcibíades Tavárez, de la Fuerza del Pueblo, quien plantea modificar la Ley Monetaria y Financiera para establecer mayores protecciones para los usuarios de tarjetas de crédito en el país.
La propuesta contempla que la reducción de los intereses se aplique tanto a las deudas que los usuarios ya tienen acumuladas como a los nuevos consumos financiados con tarjetas de crédito.
Además de la rebaja, el proyecto busca impedir que las tasas de interés superen el 45 % anual.
Según el legislador, ese porcentaje sería el límite máximo permitido, incluso cuando el cálculo previsto en la iniciativa arroje una tasa superior.
El proyecto también busca impedir que los bancos cobren intereses sobre los montos que los clientes ya hayan pagado de sus deudas.
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En ese sentido, plantea que los abonos al capital reduzcan el saldo pendiente sobre el cual se calculan los intereses.
Si una entidad realiza cobros contrarios a esa disposición o a otras normas establecidas en la ley, tendría que devolver el dinero o acreditarlo a favor del usuario, según establece la iniciativa.
Protecciones para los usuarios de tarjetas
El proyecto también propone que los estados de cuenta detallen cuánto debe el cliente, cuánto paga en intereses, qué comisiones se le cobran y cuál es el pago mínimo mensual.
Además, los bancos tendrían que incluir una estimación del tiempo que tardaría una persona en saldar su deuda si se limita a pagar el monto mínimo de la tarjeta cada mes.
Esta medida, según el diputado Tavárez, busca ayudar a los usuarios a «comprender las consecuencias de mantener ese patrón de pago«.
Asimismo, la pieza contempla que los titulares de tarjetas puedan realizar pagos anticipados, parciales o totales, sin penalizaciones.
En cuanto a la supervisión, plantea que la Superintendencia de Bancos publique comparaciones de las tasas de interés, las comisiones y otros cargos aplicados por las entidades financieras, para que los usuarios puedan conocer las diferencias entre las ofertas disponibles.
Plazos para aplicar la ley
El proyecto otorga a la Junta Monetaria un plazo de 120 días a partir de la promulgación de la ley para establecer las normas necesarias para su aplicación.
Posteriormente, y en caso de aprobarse la iniciativa, los bancos dispondrían de hasta 90 días para adaptar sus contratos, sistemas y estados de cuenta.
El proyecto de ley será incluido en la agenda de la próxima sesión de la Cámara de Diputados para su posterior estudio en una comisión.
