El asesinato de los jóvenes del Club Cultural y Deportivo Héctor J. Díaz, de cuyo trágico hecho se cumplen este viernes 55 años, permanece como una dolorosa rémora sobre la justicia dominicana, que jamás ha sido capaz de procesar a los acusados.
En horas de la madrugada del sábado 9 de octubre de 1971, en el barrio 27 de Febrero, localizado en el corazón de la zona norte del Distrito Nacional, una patrulla policial apresó a cinco jóvenes, ninguno de los cuales pasaba de 21 años de edad, justamente cuando regresaban de un colmado de comprar velas con el fin de velar a un compañero miembro del Club Héctor J. Díaz.
Posteriormente, los cuerpos de Radhamés Peláez Tejeda, Rubén Darío Sandoval, Víctor Fernando Checo, Reyes Florentino Santana y Gerardo Bautista Gómez aparecieron brutalmente mutilados y esparcidos por varios puntos de la geografía nacional.
El crimen fue atribuido a un grupo de bandoleros, algunos exizquierdistas, miembros de la denominada Banda Colorá, que actuaba bajo el amparo absoluto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de la época.
Esa madrugada del 9 de octubre de 1971, los jóvenes se encontraban participando en las honras fúnebres de un compañero de club que había fallecido trágicamente en un accidente de tránsito.
Al regresar de un colmado cercano de comprar velas y cigarrillos, una patrulla de la Policía los detuvo y posteriormente fueron encontrados asesinados.
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Tras su detención, los muchachos desaparecieron por completo. Sus cuerpos fueron hallados en diferentes puntos de Santo Domingo, presentando signos de brutales torturas y mutilaciones.
El horrendo crimen causó una profunda conmoción, indignación y dolor en la sociedad dominicana, debido a que eran muchachos dedicados sanamente al deporte, la cultura y el desarrollo comunitario, sin vínculos políticos radicales que justificaran la agresión.
De ahí que muchos historiadores y allegados calificaron el hecho como una tragedia de mártires por error o producto directo de la paranoia represiva del momento.
En memoria de esta masacre y del sacrificio de estos jóvenes clubistas, en la República Dominicana se conmemora cada 9 de octubre el Día Nacional de los Clubes, una fecha destinada a recordar la importancia del movimiento asociativo, deportivo y cultural en los barrios como bastión de valores y sana convivencia para la juventud.
Sin castigo
Como ocurrió con la gran mayoría de los crímenes políticos y violaciones a los derechos humanos cometidos por los organismos de seguridad del Estado y los grupos paramilitares como La Banda Colorá durante los llamados doce años de gobierno del doctor Joaquín Balaguer, los acusados de este horrendo crimen nunca fueron identificados ni recibieron una condena judicial.
La situación legal e histórica de los responsables de la masacre del Club Héctor J. Díaz se caracterizó por la impunidad institucional y la pérdida sistemática de expedientes. Aunque en los primeros días tras el escándalo nacional algunos miembros de patrullas policiales y civiles vinculados al grupo fueron señalados o presentados ante la opinión pública, el proceso judicial formal jamás prosperó.
Con el paso de las semanas y meses, las investigaciones se estancaron deliberadamente, los expedientes clave desaparecieron de los tribunales durante la fase de instrucción y el caso quedó sepultado bajo el manto de la impunidad oficial.
Los ejecutores materiales y los mandos militares o policiales que idearon, encubrieron o toleraron la represión contaban con la protección incondicional del régimen gobernante, lo que impedía cualquier investigación independiente o juicio imparcial en los tribunales de la época.
Ante la negativa absoluta de la justicia dominicana de sancionar a los culpables, el castigo para los responsables ha sido exclusivamente moral e histórico. Los nombres de los jóvenes masacrados se convirtieron en símbolos imperecederos de resistencia cívica, y cada año se recuerda el caso para evitar que el olvido opaque una de las páginas más oscuras de la represión política en el país.
A pesar de que el clamor popular y los familiares exigieron justicia desde el primer día, el sistema judicial de la época y el poder político se encargaron de bloquear el proceso. Los expedientes se extraviaron de manera misteriosa en los tribunales y ningún responsable pisó jamás la cárcel por este crimen.
Fuerzas incontrolables
Los esfuerzos ante el Gobierno en procura de lograr justicia resultaron totalmente en vano. El doctor Joaquín Balaguer en el disfrute de su primer periodo de mando de los 12 años se limitó a ofrecer una escueta y célebre respuesta ante la pregunta de la prensa: No tengo comentarios… eso es producto de fuerzas incontrolables.
La frase fuerzas incontrolables se convirtió en una de las expresiones políticas más tristemente célebres de la historia dominicana de los doce años de Balaguer y es recordada amargamente en la actualidad.
Era la forma habitual en que Balaguer atribuía los crímenes, desapariciones y abusos de grupos paramilitares de extrema derecha a sectores descontrolados que supuestamente escapaban al manejo o la autoridad directa del Estado.
Aunque públicamente su respuesta inicial fue evasiva, la presión nacional e internacional por el horrendo crimen obligó al gobierno a tomar acciones políticas inmediatas.
Dos días después del hecho, Balaguer destituyó al jefe de la Policía, general Enrique Pérez y Pérez, a quien se le señalaba directamente de encubrir y proteger a los autores de la masacre.
¿Quiénes fueron los responsables?
En el contexto de la época y de acuerdo con las investigaciones periodísticas, los reclamos de la sociedad civil y las medidas adoptadas por el propio gobierno, los principales señalados como responsables de la masacre fueron agentes de la Policía Nacional.
Pérez y Pérez era el jefe de la Policía en ese momento y el hombre fuerte del aparato represivo estatal. Debido a la presión nacional e internacional y al señalamiento directo de que la patrulla policial que detuvo a los muchachos operaba con total impunidad, Balaguer destituyó a Pérez y Pérez dos días después del crimen, el 11 de octubre de 1971.
A la institución policial se le acusó de encubrir el secuestro y permitir que los cuerpos represivos actuaran impunemente en la zona norte de la capital.
Se señaló también al grupo paramilitar La Banda Colorá. La opinión pública, los partidos de oposición y la prensa de la época señalaron directamente al grupo de choque ultraderechista, integrado en muchos casos por exizquierdistas que operaban bajo protección oficial.
Se apuntó a este grupo paramilitar y a sus cabecillas como los autores materiales del secuestro, las brutales torturas y el asesinato de los muchachos.
Aunque Balaguer intentó desvincular a su gobierno etiquetando a los autores como fuerzas incontrolables, la lectura generalizada fue que se trató de un crimen de Estado ejecutado con la tolerancia y el amparo de los aparatos de seguridad.
A pesar de los clamores de justicia de la época y de los reportes de la prensa, el expediente judicial formal se diluyó por completo en la fase de instrucción y el caso quedó sumido en la impunidad.
