Con el objetivo de rendir cuentas a la ciudadanía y servir de guía para la transición hacia las nuevas autoridades que asumirán la conducción del sistema de justicia en los próximos días, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) publicó los informes de gestión correspondientes al período 2019-2026.
La documentación, aprobada mediante actas, recoge el balance detallado del trabajo realizado por las distintas direcciones y dependencias del órgano judicial, ofreciendo una radiografía de los avances logrados en materia de digitalización, reducción de la mora y acceso a la justicia, así como de los desafíos que heredará la nueva gestión.
LOGROS E HITOS
En el ámbito de la modernización tecnológica y la celeridad procesal, la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) destacó avances significativos mediante la incorporación del trabajo en la nube, las firmas electrónicas, el depósito virtual y la interoperabilidad con el Tribunal Constitucional (TC).
Estas innovaciones, de acuerdo con la institución, permitieron reducir los tiempos de tramitación a un promedio de 27 días. De forma paralela, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación completó la implementación del Sistema de Gestión de Casos (SGC) en la totalidad de los tribunales del país, consolidando un ecosistema de justicia digital integrado y orientado a las personas.
Por su parte, el Registro Inmobiliario reportó mejoras sustanciales en sus indicadores operativos al reducir el tiempo promedio nacional de respuesta de 26 a menos de 10 días, al tiempo que logró disminuir el cúmulo registral de cerca de 28,000 a 11,600 expedientes, sustentado en la virtualización de servicios y el fortalecimiento de sus procesos tecnológicos.
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En el renglón jurídico e institucional, la Dirección Legal registró un 85.3% de resultados favorables en procesos judiciales, correspondientes a 425 fallos a favor de la institución, manteniendo 87 casos pendientes de resolución al momento del informe, además de emitir 805 opiniones jurídicas, revisar 752 contratos y gestionar 75 convenios.
En cuanto a la capacidad operativa e infraestructura, el informe señala que el Poder Judicial entra a la nueva administración con una red conformada por 239 sedes a nivel nacional, de las cuales 213 corresponden a espacios jurisdiccionales y 26 a instalaciones administrativas y de servicios.
Asimismo, la Dirección de Justicia Inclusiva resaltó la consolidación de los Centros de Entrevistas y de Mediación Judicial, así como la integración de la perspectiva de género y políticas orientadas a garantizar la igualdad y el trato digno a los usuarios del sistema.
El fortalecimiento académico y estratégico estuvo marcado por la evolución de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) hacia una institución de educación superior con oferta presencial, virtual e híbrida, mientras que la Dirección General de Administración y Carrera Judicial acompañó la ejecución de los planes estratégicos Visión Justicia 20/24 y Justicia del Futuro 20/34.
A esto se suma el impacto de la Dirección General Técnica con la organización de las Conferencias del Poder Judicial en 2024 y 2026, espacios que proyectaron las prioridades del sistema a nivel nacional e internacional.
También se destacan los avances en la formulación presupuestaria, el control financiero y la labor disciplinaria de la Inspectoría General, la cual optimizó la gestión de denuncias y fijó plazos máximos de investigación.
