Para miles de personas con discapacidad en República Dominicana, desplazarse por la ciudad, utilizar el transporte público, realizar una operación bancaria o acceder a un servicio digital puede convertirse en una sucesión de obstáculos.
Aceras intransitables, instalaciones inadecuadas, plataformas inaccesibles y prácticas discriminatorias dificultan su autonomía y el ejercicio de sus derechos.
Las estadísticas oficiales muestran estas necesidades. Según el Censo de 2022, en República Dominicana residen 478,300 personas con discapacidad de cinco años y más, equivalentes al 4.8 % de la población de ese rango de edad. De ellas, el 50.5 % presenta dificultades importantes para ver, incluso utilizando lentes, y el 49.4 % para caminar o subir escalones.
Asimismo, el 20 % presenta dificultades para oír y el 19.7 % para comunicarse. Los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) reflejan necesidades diversas, aunque no miden las barreras del entorno.
La experiencia de Domingo Asencio, abogado del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), ilustra esa distancia. Recientemente, una entidad financiera pretendió exigirle un acto notarial para realizar una operación por ser ciego.
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Asencio cuestionó el procedimiento y logró resolverlo, pero advierte que alguien sin conocimientos jurídicos podría verse obligado a cumplir esa exigencia. «Pero no es que Domingo resuelva. Es que eso le puede pasar a otra persona», expresa.
Para el abogado, el problema es mayor: «Hay una gran brecha que se da entre lo que es la ley y entre lo que se da en la calle».
Obstáculos en las calles
Entre las barreras más visibles figuran las aceras ocupadas por vehículos y negocios, los registros sin tapa, las vallas y cruces peligrosos, que obstaculizan el desplazamiento de personas con discapacidad visual o motora.
Asencio perdió la visión entre los siete y ocho años. Retomó sus estudios a los 21, completó el bachillerato, se graduó de abogado y realizó una maestría en Derecho Laboral.
Desde joven viajaba solo entre San Cristóbal y Santo Domingo para estudiar inglés en el Instituto Cultural Domínico Americano. Aprendió a reconocer pendientes, curvas, puentes, cambios en el pavimento y sonidos para identificar sus recorridos. «Yo era un máster en movilidad en ese momento», recuerda.
Esa experiencia le permite orientarse, pero en espacios desconocidos puede necesitar asistencia para localizar entradas, escaleras o salidas.
El Metro ha facilitado algunos trayectos. No obstante, explica que la concentración de pasajeros puede dificultar el uso del bastón, incluso donde existe pavimento podotáctil.
En edificios sin señalización táctil, una persona ciega puede desconocer cómo encontrar la salida, lo que representa un riesgo ante una emergencia. Asencio advierte que una rampa mal diseñada puede generar nuevos riesgos.
La falta de condiciones adecuadas también afecta a quienes utilizan sillas de ruedas o tienen dificultades de movilidad. Escalones, desniveles y obstáculos en las aceras pueden impedirles acceder a establecimientos y servicios.
Estas dificultades adquieren especial importancia cuando las personas con discapacidad necesitan acudir a centros de salud, instituciones públicas o lugares de trabajo.
La ausencia de rutas accesibles puede limitar su independencia y convertir gestiones cotidianas en recorridos que requieren asistencia de terceros.
Para Asencio, los semáforos acústicos, la señalización en braille y relieve y otras ayudas disponibles siguen siendo insuficientes para garantizar desplazamientos autónomos.
Barreras digitales
La tecnología facilita actividades, pero persisten dificultades de acceso a servicios digitales.
Asencio utiliza su teléfono para efectuar pagos, transferencias bancarias, compras y otras gestiones. También emplea Lazarillo, una aplicación GPS diseñada para orientar a personas ciegas, especialmente útil en lugares desconocidos.
Sin embargo, no todas las páginas de Internet y plataformas digitales son compatibles con los lectores de pantalla, herramientas que permiten consultar información y realizar trámites sin asistencia.
Las barreras digitales también afectan a personas con discapacidad auditiva, motora o intelectual cuando los servicios carecen de subtítulos, mecanismos de navegación adecuados o información comprensible.
Estas limitaciones pueden obligar a depender de terceros para realizar gestiones que otras personas completan directamente. Asencio considera indispensable garantizar la accesibilidad de las plataformas digitales.
Discriminación y autonomía
Los prejuicios también condicionan la participación de las personas con discapacidad. Asencio relata que todavía encuentra personas que, en lugar de dirigirse a él, preguntan a su acompañante sobre asuntos que le conciernen directamente. A lo que responde: «Yo estoy aquí».
Atribuye esa conducta a la confusión entre discapacidad e incapacidad. Explica que perder la visión no significa perder las facultades intelectuales ni la capacidad para tomar decisiones.
También cuestiona la ayuda no solicitada. Recomienda presentarse, preguntar si la persona necesita asistencia y, en caso afirmativo, cómo desea recibirla.
El problema se extiende a otras discapacidades cuando se presupone que una persona no puede estudiar, trabajar, comunicarse o decidir por sí misma, sin considerar sus capacidades y los apoyos que pudiera necesitar.
Para el abogado, respetar la autonomía supone reconocer el derecho de cada persona a decidir sobre sus asuntos y desenvolverse sin intervenciones innecesarias.
Tres medidas urgentes
Al identificar tres cambios prioritarios para mejorar las condiciones de las personas ciegas en las ciudades dominicanas, Asencio comienza por garantizar que las páginas de Internet y plataformas de servicios sean compatibles con los lectores de pantalla.
La segunda medida consiste en reducir drásticamente la contaminación sónica provocada por bocinas, altoparlantes, vehículos con equipos de sonido de alta potencia y unidades utilizadas para anuncios en las calles.
El ruido excesivo dificulta la orientación y seguridad de las personas ciegas.
Como tercera medida, Asencio propone liberar las aceras de vallas y otros obstáculos, así como exigir a los ayuntamientos que impidan su ocupación por vehículos y negocios.
La experiencia de Asencio evidencia que estudiar, trabajar y participar en la sociedad no depende únicamente de las capacidades individuales, sino también de las condiciones del entorno.
El reto para República Dominicana es eliminar las barreras que impiden convertir los derechos reconocidos por las leyes en una realidad cotidiana.
