La propuesta de crear nuevas provincias en la República Dominicana reabre el debate sobre los criterios que deben determinar la división político-administrativa del territorio nacional.
Para el historiador Rafael Darío Herrera, el país ha llegado a un punto en el que la creación de nuevas demarcaciones corre el riesgo de responder más a intereses políticos que a necesidades concretas de las comunidades.
«La creación de nuevos municipios y provincias se ha festinado», afirmó Herrera al analizar la evolución histórica de la organización territorial dominicana y las iniciativas que actualmente se discuten en el Congreso Nacional.
Sus declaraciones se producen en momentos en que el Poder Legislativo tiene sobre la mesa proyectos que buscan establecer dos nuevas provincias: Santa Lucía, a partir del municipio de Las Matas de Farfán, en San Juan, y Matías Ramón Mella, mediante una reorganización de la actual provincia Santo Domingo.
Las iniciativas forman parte de un debate más amplio sobre la creación de nuevas demarcaciones. Un reporte publicado por Diario Libre el 13 de octubre de 2026 señala que el Congreso tiene decenas de propuestas para modificar la división territorial dominicana mediante la creación de provincias y municipios.
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Herrera explicó que la organización territorial del país ha estado vinculada tanto a transformaciones demográficas y económicas como a decisiones políticas de los gobiernos de turno.
Recordó que, cuando Rafael Leónidas Trujillo llegó al poder en 1930, el territorio dominicano estaba compuesto por 12 provincias. Durante la dictadura se impulsó una reestructuración territorial que, según el historiador, estuvo motivada por dos factores principales: el crecimiento de la población y el interés del régimen en fortalecer sus mecanismos de control político.
De acuerdo con sus explicaciones, la población dominicana pasó de aproximadamente 1.48 millones de habitantes en 1935 a 2.1 millones en 1950 y tres millones en 1960.
El investigador también destacó el proceso de urbanización y modernización que experimentó el país, especialmente a partir de la industrialización impulsada después de la Segunda Guerra Mundial, cuando distintas ciudades comenzaron a concentrar servicios básicos, centros educativos y establecimientos de salud.
Sin embargo, sostuvo que las decisiones territoriales durante la dictadura también respondieron a propósitos políticos. En junio de 1938 fueron creadas las provincias Dajabón, inicialmente denominada Libertador; Benefactor, hoy San Juan, y Monseñor de Meriño, posteriormente vinculada a Monte Plata, dentro de la reorganización territorial de aquella época.
Intereses políticos frente a necesidades de desarrollo
Al abordar las razones que han impulsado la creación de nuevas provincias después de la dictadura, Herrera consideró que, en numerosos casos, estas iniciativas han servido para favorecer intereses clientelares y ampliar los espacios de distribución de cargos y recursos públicos.
A su juicio, la creación de provincias, municipios y distritos municipales no siempre responde a estudios que demuestren la necesidad de mejorar los servicios públicos, la planificación territorial o la administración estatal.
No obstante, reconoció que existen excepciones. Citó la creación de la provincia Monseñor Nouel, en 1982, y la importancia económica de la empresa minera Falconbridge como ejemplo de una demarcación cuya relevancia económica contribuyó a justificar su establecimiento.
El historiador también señaló que la aprobación de nuevas demarcaciones suele verse favorecida cuando un sector político dispone de mayoría en ambas cámaras legislativas.
Santa Lucía y Matías Ramón Mella, bajo el debate legislativo
Entre las propuestas que motivan la discusión actual figura la creación de la provincia Santa Lucía, iniciativa presentada por el senador Félix Bautista, que plantea convertir a Las Matas de Farfán en cabecera de una nueva demarcación integrada también por El Cercado y Vallejuelo.
La otra propuesta procura establecer la provincia Matías Ramón Mella mediante la reorganización de territorios que actualmente pertenecen a la provincia Santo Domingo.
Ambos proyectos deben atravesar el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.
Para Herrera, la discusión no debería limitarse a determinar qué comunidades aspiran a convertirse en provincias, sino que tendría que fundamentarse en criterios demográficos, económicos, sociales y administrativos que permitan evaluar si una nueva división territorial mejoraría realmente la calidad de vida de sus habitantes.
“La indiferencia por los intereses nacionales”
Al referirse a las iniciativas que se debaten actualmente, el historiador fue especialmente crítico con el desempeño de los legisladores.
«Hasta donde sé no se han presentado argumentos para justificar nuevas divisiones territoriales», expresó, al considerar que esta situación evidencia, en su opinión, intereses políticos particulares y deficiencias en el ejercicio de la función legislativa.
Herrera advirtió que la República Dominicana ya cuenta con 32 provincias y 158 municipios, por lo que entiende necesario examinar con rigor cualquier propuesta que implique ampliar esa estructura.
La discusión plantea interrogantes sobre los costos administrativos de crear nuevas demarcaciones, la distribución de los recursos públicos, la designación de nuevas autoridades y la capacidad del Estado para garantizar servicios eficientes en todo el territorio.
Más allá de las aspiraciones legítimas de las comunidades que buscan mayor cercanía con las instituciones públicas, el debate enfrenta dos cuestiones fundamentales: si la creación de nuevas provincias permitiría mejorar la gestión estatal o si, por el contrario, aumentaría la fragmentación territorial sin garantizar resultados concretos para la población.
El desafío para el Congreso Nacional consiste en determinar qué iniciativas están respaldadas por necesidades verificables y cuáles requieren una justificación más sólida antes de avanzar en el proceso legislativo.
