En una accion sin precedentes para contribuir al avance de la modernizacion del Estado, la Procuraduria General de la Republica (PGR) requirio a la Direccion General de Migracion (DGM) que proceda a solo mantener activos los impedimentos de salida del pais y las alertas migratorias que cuentan con un sustento judicial.
En ese sentido, procedio a solicitar levantar cualquier alerta e impedimento de salida que incumpla con esa condicion legal, una medida que busca fortalecer el mantenimiento de las garantias de los derechos fundamentales de todas las personas.
Esta actualizacion del sistema migratorio se produce como resultado de mas de seis meses de trabajo intensivo de una mesa tecnica conjunta del Ministerio Publico y Migracion, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo tres decadas de datos acumulados sin una actualizacion de oficio.
El analisis permitio verificar que, a traves de los anos, miles de personas acumularon registros que carecian de sustento judicial y limitaba su derecho al libre transito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo o por errores administrativos sin ordenes judiciales de una autoridad competente.
La disposicion de la Procuraduria General de la Republica lleva a que hoy esa realidad cambie en beneficio del ciudadano.
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Con ese proposito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, pidio oficialmente al director de Migracion, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que, sin importar quien lo haya colocado, se priorice el levantamiento de: 1) Registros individualizados que carecian de base legal, 2) Registros historicos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.
En el ultimo informe sobre ese proceso, la Direccion General de Migracion explico que ha liberado de estas trabas a 56,140 ciudadanos que recuperaron su derecho a viajar al exterior sin ningun contratiempo.
La Procuraduria General de la Republica explico, a traves de un comunicado de prensa, que mas que una actualizacion y modernizacion de la base de datos, se trata de un triunfo para los derechos fundamentales y de una victoria para la Constitucion.
Indico que despues de mas de seis meses de rigurosa labor de auditoria, depuracion y analisis tecnico, se pudo corregir una distorsion historica que se acumulo con los anos, como evidencio la cifra critica de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrian en una afectacion de un derecho fundamental de la ciudadania.
Con esta iniciativa, la Procuraduria General de la Republica y la Direccion General de Migracion reafirman su rol como garante de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitucion) y refuerza la proteccion de los derechos a la libertad personal y al libre transito (Art. 40 y 46), en estricto apego a la Ley num. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Organica del Ministerio Publico.
La mesa tecnica interinstitucional continuara trabajando hasta la depuracion total de la data y la implementacion de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocacion y levantamiento de impedimentos de salida cuya entrada en vigencia se tiene prevista para diciembre del presente ano 2026.
