Residentes del distrito municipal La Cuaba, del municipio Pedro Brand, denuncian vivir bajo amenaza ante la presencia de vehículos sospechosos con hombres armados durante el lunes y martes de esta semana, tras la fuerte oposición de la comunidad a la instalación de un relleno sanitario en la zona del Aguacate.
La denuncia surge tras los violentos enfrentamientos que protagonizaron vecinos con grupos que llegaron desde otras localidades para imponer la instalación del relleno sanitario en la zona, el pasado domingo.
Vecinos, que pidieron anonimato por temor a represalias, aseguran que estos grupos llegaron hasta el sector del Pedregal para apoyar a la fuerza la instalación del vertedero, simulando ser de la zona, y que fueron orquestados por un exregidor de Pedro Brand.
El violento choque desató la intervención policial y el uso de bombas lacrimógenas, mientras los grupos se agredían con piedras y palos.
Este lunes, la comunidad del Aguacate amaneció bajo tensión y paralizada, con comercios y escuelas cerradas, sumida en el miedo y bajo amenazas directas a su integridad física.
Residentes del Aguacate mantienen paralizado por dos días consecutivos el tránsito vehicular de la zona con bloqueo de vías con árboles, así como la quema de neumáticos.
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Además, esta comunidad ya se había manifestado pacíficamente el pasado 23 de noviembre, realizando una caminata por las calles vestidos de blanco y alzando la voz con consignas alusivas a sus reclamos.
Esta manifestación recibió el apoyo de la iglesia evangélica en la zona, así como del alcalde de La Cuaba, Carlos Montaño, y el diputado de la circunscripción 5 de Santo Domingo, Aldo Adón, impulsor de un proyecto de ley que declara el distrito municipal de La Cuaba como ecoturístico.
La lucha contra el relleno sanitario data del 2021, cuando la empresa promotora solicitó el permiso ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su instalación. A pesar de estudios de impacto negativos y el rotundo rechazo de la comunidad, el permiso fue negado en 2023. Sin embargo, este año el Tribunal Superior Administrativo, ante un recurso, ordenó una revisión de esta decisión, reabriendo la polémica y dejando latente la amenaza de construcción, lo cual genera profunda preocupación entre los vecinos, quienes temen por su calidad de vida y el futuro de la zona.
