Luego de varias solicitudes realizadas en otras audiencias, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió acoger las peticiones que indicaban separar y conocer en otro juicio el expediente de Rafael Calderón, exsenador de la provincia Azua, vinculado al caso Calamar.
Esto es porque el imputado había enviado, a través de su abogado, constancias médicas que le impedían estar presente dentro de las audiencias del proceso judicial.
“El tribunal falla acogiendo la solicitud de separación de juicio respecto a Rafael Porfirio Calderón Martínez, por la razón de su situación médica y en base a la constancia médica que fue presentada”, expresó la jueza Arlin Ventura, quien preside el Tercer Tribunal Colegiado.
El tribunal, que también está compuesto por las juezas Leticia Martínez Novoa y Evelin Rodríguez, basó su decisión en el artículo 65 del Código Procesal Penal, que regula la fusión y separación de juicios.
“El tribunal entiende que procede la aplicación del artículo 65”, señaló Ventura.
Wilson Beriguete, abogado defensor de Calderón, indicó que su defendido sufrió un accidente y fue necesario realizarle una operación de cadera.
TemasRelacionados
“Fue necesario realizarle una operación de cadera y los médicos recomendaron una licencia médica de 30 días”, declaró.
El letrado aprovechó para solicitar el aplazamiento de la audiencia, asegurando que la presencia de Calderón en otras audiencias.
No obstante, el Ministerio Público declaró que ha estado “listo desde un principio” para iniciar el proceso y por eso solicitó la separación de los expedientes de Calderón y de Daniel Omar Caamaño, excontralor de la República, que también presentó una excusa médica.
Última oportunidad
La magistrada también aprovechó para indicar que Caamaño tendrá una “última oportunidad” y por eso el tribunal indicará su fallo sobre si separa su expediente “para cuando termine su licencia”.
Las juezas explicaron que su situación es distinta y que por eso esperan que concluya su proceso de recuperación para atender la solicitud de separación.
La próxima audiencia fue fijada para las 9:00 de la mañana del próximo 21 de octubre.
En el caso figuran además como acusados Ángel Lockward, Alexandra García Medina, Gervasio Fernández, Daniel de Jesús Camaño, Juan Tomás Céspedes, Julián Omar Fernández.
Igualmente, Mabel Mejía, Kimberly Arias Martínez, César Miguel Santana Martínez, Edwin Óscar Brito, Náthaly Hernández Guzmán y Luis Miguel Pichirilo.
Al grupo se le acusa de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña.
De acuerdo al Ministerio Público, la red desmantelada habría desviado más 19,000 millones de pesos a través de la expropiación de terrenos declarados de utilidad pública y el cobro irregular sobre juegos de azar para financiar la campaña política del año 2020.
