Santo Domingo. Más de la mitad de los imputados en el caso Senasa 2.0-A está supuesta a por lo menos ir a sus hogares con arresto domiciliario, en virtud de los acuerdos que el Ministerio Público lleva a cabo con al menos 13 de los acusados.
Por adelantado, se sabe que por lo menos 9 tienen garantizada su libertad mediante la modalidad de prisión o arresto domiciliario, puesto que así se los solicitó al juez el Ministerio Público.
El órgano acusador confirmó que 10 de los imputados admitieron los cargos instrumentados en su contra y abrieron procesos de colaboración con las autoridades. No obstante, El Nacional supo que los tres restantes también abrieron procesos de negociación.
Los acuerdos, según fuentes consultadas por El Nacional, fueron en base a delaciones premiadas, a cambio de que el Ministerio Público flexibilice la carpeta de acusaciones.
Eso incluye, según la fuente, a la imposición de medidas de coerción menores que no contemplen el envío a la cárcel, sino, más bien, prisión domiciliaria, presentación periódica, impedimento de salida del país y pagos de garantías económicas.
Durante la última audiencia del viernes, una parte de los imputados colaboró con la investigación, admitió los hechos, mostró arrepentimiento y pidió excusas ante el tribunal, circunstancias que fueron tomadas en cuenta por el Ministerio Público para modificar la medida solicitada inicialmente para nueve de ellos.
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Por esa razón, el órgano acusador solicitó arresto domiciliario para Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Anteriormente, durante la primera etapa de la Operación Cobra (diciembre de 2025), cinco imputados confesaron haber pagado sobornos a funcionarios, por lo que fueron beneficiados con medidas de coerción menores, diferentes a las de sus compañeros.
Las admisiones se basan principalmente en la devolución de fondos y la colaboración con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) a cambio de penas reducidas o criterios de oportunidad.
En la primera fase del caso Senasa, de los 10 imputados principales, 5 iniciaron negociaciones formales para criterio de oportunidad o procedimiento abreviado. Sin embargo, el Ministerio Público ha aclarado que no existen acuerdos firmados con el principal implicado, Santiago Hazim.
En la segunda fase, con la detención en principio de 25 imputados, incluyendo médicos y exempleados de Senasa), varios de los nuevos imputados han manifestado la intención de colaborar y buscar acuerdos de pena reducida con la Pepca a cambio de ofrecer información sobre el entramado.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, informó que las admisiones se produjeron durante la audiencia de solicitud de medidas de coerción y dijo que constituyen una muestra de la fortaleza de la investigación.
La solicitud de coerción presentada por el órgano acusador está sustentada en 706 medios de prueba, evidencia que la entidad considera suficiente para la imposición de medida de coerción solicitada.
El juez Rigoberto Sena se reservó el fallo para el próximo domingo, 27 de septiembre, a las 7:00 de la noche.
El órgano acusador indicó que la Operación Cobra 2.0-A o Senasa 2.0-A se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo de esa institución, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Sostiene que en el supuesto entramado participaron médicos, empleados y exempleados de Senasa y otras personas vinculadas al sector salud.
Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
