La democracia dominicana figura entre las más consolidadas de América Latina porque se sostiene en una Constitución Política, la del 2010, de última generación que recoge los aportes institucionales de la primera Carta Magna (1844), la de Moca (1857), la de Juan Bosch (1963), y por las modificaciones de 2015 y 2024.
El viernes último se conmemoró el 182 aniversario de la primera Carta Magna, votada en San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844, la cual marcó en términos jurídicos la fundación del Estado Nacional, aunque en el texto fue insertado el artículo 210 que otorgaba al general Pedro Santana poderes de dictador.
En el texto constitucional votado durante el gobierno del presidente Leonel Fernández se incluyeron derechos a la intimidad y al honor, a vivir en ambiente sano, en vivienda digna, acceso a la cultura, al deporte y recreación, así como establecer que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción.
Aunque el ciudadano ordinario no asimila la totalidad de los 278 artículos que conforman el Texto Sustantivo, sí asimila y defiende aspectos esenciales como los relacionados con la independencia, soberanía, prerrogativas individuales o difusas, como libertad de conciencia, de reunión, de prensa y difusión del pensamiento.
La Constitución de 1963 se considera la más liberal de la historia republicana, porque propugnó por la dignidad política, social y económica de todos los ciudadanos basada en el principio de igualdad de oportunidades, por lo que, a pesar de que solo estuvo en vigencia siete meses, pudo calar en la conciencia del pueblo dominicano.
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Sin mencionar México ni Brasil, la democracia dominicana se erige, junto a la de Uruguay, como la más resiliente de América Latina, continente asolado por dilatadas crisis de institucionalidad o de gobiernos que violan sistemáticamente los estatutos sustantivos.
El reclamo de vuelta a la constitucionalidad malograda con el golpe de Estado contra el presidente Bosch, el 25 de septiembre de 1963, fue el epicentro de la revuelta cívica militar del 24 de abril de 1965, clara señal de que el pueblo asimiló plenamente el altísimo valor político, jurídico, económico y social de esa Constitución.
La Carta Magna puede ser instrumento de dominación, represión o de privilegios, como fue la Constitución fundacional del Estado, las de los gobiernos de Buenaventura Báez y de Joaquín Balaguer, pero la historia está repleta de sucesos bélicos o políticos que reflejan la indeclinable voluntad de los dominicanos de cobijarse en un texto constitucional garante de derechos y libertades.
Al conmemorarse el 182 aniversario de la Constitución de la República, los dominicanos no deberían olvidar que la democracia política se sustenta, así como los principios de soberanía e independencia, en el respeto a una Constitución garantista del Estado social y de derecho, institución hoy decadente en el continente.
