La incorporación laboral de personas con discapacidad en los sectores público y privado del país no alcanza ni el 1 %, pese a que la legislación establece cuotas mínimas de contratación, reveló este miércoles el presidente de la junta directiva de la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), Celso Marranzini.
Marranzini, durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, al ser cuestionado sobre el nivel de cumplimiento de la Ley 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad, sostuvo que la proporción registrada en ambos sectores se encuentra muy por debajo de los porcentajes establecidos legalmente.
“Yo te aseguro que, en conjunto, el nivel de cumplimiento no debe llegar ni a un 1 %. Definitivamente, ni el cinco ni el dos por ciento, si los suman, que son siete, no te llegan a un porciento”, expresó.
La Ley 5-13 establece que la participación de personas con discapacidad en las nóminas laborales no debe ser inferior al 5 % en el sector público y al 2 % en el sector privado, en entornos laborales abiertos, inclusivos y accesibles y bajo condiciones de igualdad.
Presidente de la junta directiva de la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), Celso Marranzini.
En ese sentido, el presidente de la junta directiva de la ADR atribuyó la baja incorporación laboral principalmente a la falta de información y de trabajo coordinado, más que a una falta deliberada de voluntad por parte de las instituciones y empresas.
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“Yo creo que falta mucha información, falta mucho trabajo entre todos. Pero yo creo que esto que ustedes están haciendo hoy son de las cosas que hay que promover para que se cree la conciencia. Porque yo te aseguro que no es por dejadez, es por falta de información”.
La legislación dominicana establece además que el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) debe procurar que las instituciones públicas y privadas garanticen la participación y la inclusión laboral de las personas con discapacidad en sus nóminas. La ley contempla también mecanismos de capacitación y orientación laboral para facilitar su incorporación al mercado de trabajo.
En el sector público, el Ministerio de Administración Pública (MAP) y el Conadis han implementado mecanismos de seguimiento dentro del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (Sismap) para fiscalizar la inclusión laboral de personas con discapacidad y promover el cumplimiento de la cuota establecida en la Ley 5-13. Sin embargo, los resultados aún no son significativos.
La falta de información señalada por Marranzini se suma a otras barreras identificadas alrededor de la inclusión laboral, entre ellas las dificultades de accesibilidad, formación y experiencia, así como los desafíos para hacer efectivo el cumplimiento de las cuotas legales.
