Santo Domingo. Para controlar la corrupción en las instituciones del Estado hay que garantizar que los procedimientos de contratación pública se desarrollen conforme a los principios de legalidad, transparencia, igualdad y eficiencia dijeron juristas en un acto organizado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD).
Las actividades fueron organizada por la CCRR donde la procuradora adjunta, Mirna Ortiz, titular de la Dirección General de la Corrupción Administrativa, dictó la conferencia «Corrupción administrativa y nuevas responsabilidades penales de los funcionarios públicos y la Cooperación e interacción entre la persecución penal y la Cámara de Cuentas»
Consideró que «la cooperación entre el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas es fundamental para fortalecer la lucha contra la corrupción administrativa. Los informes de auditoría constituyen instrumentos técnicos esenciales para identificar posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos y aportar elementos de interés a las investigaciones penales, siempre con respeto al debido proceso y las competencias de cada institución».
Como parte del programa se desarrolló el panel «Auditoría pública, responsabilidad de la persona jurídica y el nuevo Código Penal», moderado por el miembro del pleno de la CCRD, Francisco Franco Soto, con la participación de los juristas Alberto Fiallo, Rosalba Ramos y Luis Fernández.
Los panelistas analizaron los alcances del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus implicaciones para los mecanismos de control, supervisión y cumplimiento normativo. Asimismo, examinaron la importancia de las auditorías gubernamentales como instrumentos técnicos para documentar hallazgos, identificar posibles irregularidades y aportar elementos probatorios que puedan ser valorados por las autoridades judiciales, conforme a las disposiciones legales aplicables.
La programación incluyó un segundo panel, titulado «Sanciones y régimen de consecuencias en el sistema de contrataciones públicas», donde participaron los especialistas Raquel Miranda y Rafael Dickson Morales.
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Esos dos especialistas examinaron las responsabilidades y consecuencias jurídicas asociadas a las irregularidades en los procesos de compras y contrataciones del Estado, así como las implicaciones del nuevo marco penal para la protección del patrimonio público.
Abordaron también la importancia de garantizar que los procedimientos de contratación respondan al interés general y se desarrollen conforme a los principios de legalidad, transparencia, igualdad y eficiencia, como mecanismos esenciales para prevenir prácticas contrarias a la integridad administrativa.
