SANTO DOMINGO.- El presidente de la junta directiva de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), Wilfredo Baquero Ginebra, manifestó que el nuevo marco penal exige a las empresas de ese sector fortalecer sus mecanismos de prevención, supervisión y cumplimiento, en lo que respecta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas que establece el nuevo código penal.
El dirigente empresarial intervino en el encuentro sectorial Nuevo código penal y la industria aseguradora, efectuado en el hotel Real Intercontinental, donde se analizaron el impacto de las leyes 74-25 y 44-26, y sus modificaciones que imponen penalidades a las entidades, gobiernos corporativos, a los deberes de supervisión y la gestión de riesgos.
El evento reunió a 235 participantes, incluyendo a más de 150 altos ejecutivos del sector asegurador, 60 intermediarios, autoridades de la Superintendencia de Seguros, juristas y representantes de gremios empresariales.
Además de Baquero Ginebra, las palabras de apertura estuvieron a cargo de Francisco Campos, intendente de Seguros y Franklin Glass, presidente ejecutivo de Cadoar, quien condujo la agenda de este encuentro.
El presidente de la junta directiva de Cadoar señaló que este encuentro buscó comprender las nuevas responsabilidades de las organizaciones y sus administradores, así como identificar oportunidades para que el sector asegurador desarrolle soluciones de protección.
La jornada contó con dos magistrales ponencias de fondo, la primera disertación estuvo a cargo de la jurista y catedrática María del Pilar Zuleta Gómez, especialista en derecho penal y litigación, quien expuso el tema El nuevo Código Penal y la responsabilidad empresarial.
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Zuleta Gómez explicó los criterios de imputación a las personas jurídicas, enfatizando la trascendencia de la acción, la omisión y los deberes de dirección, control y supervisión por parte de juntas directivas y administradores.
Asimismo, subrayó que los programas de cumplimiento (compliance) deben ser reales, medibles e integrados a la operativa diaria, y no meras formalidades de papel.
Por su parte, el jurista y especialista en derecho comercial y constitucional, Luis Miguel Pereyra, abordó el tema ¿Cómo Puede Responder el Seguro?: Nuevos Riesgos y Nuevas Oportunidades.
Pereyra analizó el impacto del nuevo marco legal en pólizas como D&O (directores y oficiales), responsabilidad civil, profesional (E&O), ciberriesgos y crimen, analizando cómo los programas de cumplimiento pueden incidir en la evaluación de riesgos y las condiciones de aseguramiento, al tiempo que remarcó los límites normativos frente a sanciones penales y conductas dolosas.
El cierre de la actividad consistió en un panel de debate moderado por el abogado y director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Héctor Alies Rivas.
En la mesa de diálogo, Mirna Johanna Ortiz Fernández, procuradora general de corte y directora de litigación de la PEPCA, abordeo los elementos relevantes en la investigación de posibles conductas delictivas dentro de las organizaciones, incluyendo la preservación de evidencia, las alertas internas y la reacción empresarial ante irregularidades.
Desde el ámbito judicial, la magistrada Kenya Scarlett Romero Severino, jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, y el magistrado Amauri Marcos Martínez Abreu, juez presidente del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, aportaron la perspectiva judicial sobre el debido proceso, la diferenciación entre responsabilidades individuales y empresariales, y la valoración de los deberes de supervisión, las omisiones y la documentación de las decisiones corporativas.
El especialista en derecho de seguros y regulación, Fernando Langa Ferreira, socio fundador de Langa & Asociados, analizó las implicaciones del nuevo régimen para las juntas directivas, destacando la importancia de revisar los mecanismos de supervisión, las líneas de reporte, la gestión de riesgos y las relaciones con intermediarios y proveedores.
El encuentro concluyó con las observaciones sintéticas del Comité Legal de Cadoar, reafirmando el compromiso del sector asegurador dominicano con el fortalecimiento del gobierno corporativo y la innovación constante en la gestión de riesgos en la República Dominicana.
