SANTO DOMINGO.- Un total de 99 audiencias se han celebrado en el proceso judicial seguido contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y los demás imputados por presuntos hechos de corrupción, durante la etapa preliminar que se desarrolla ante el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, según un informe de Participación Ciudadana.
La organización de la sociedad civil indicó que el proceso se inició el 25 de noviembre de 2020 y que, durante su recorrido por los distintos tribunales, se han producido diversas circunstancias que han provocado múltiples aplazamientos.
Entre las razones de los reenvíos figuran el fallecimiento de familiares de algunos de los imputados, la designación de defensas técnicas y la ausencia de imputados por motivos de salud.
Asimismo, Participación Ciudadana señaló que se han producido recusaciones de jueces para dar cumplimiento a decisiones anteriores relacionadas con la designación de defensas técnicas, así como la fusión del proceso, la espera de fallos de la Suprema Corte de Justicia, la preparación de medios de defensa, el conocimiento de incidentes y recursos de oposición, además de otras circunstancias vinculadas con la garantía del derecho de defensa de las partes.
En su 50.º Informe del Observatorio de Casos de Corrupción, Participación Ciudadana señaló que, aunque el proceso ha tenido una duración considerable y ha excedido el plazo legal previsto en el Código Procesal Penal, no se ha evidenciado, hasta el momento, una demora injustificada que permita concluir que se ha vulnerado el derecho fundamental de los imputados a ser juzgados dentro de un plazo razonable.
La entidad explicó que, para determinar el plazo aplicable, tomó como punto de partida la alerta migratoria impuesta a Jean Alain Rodríguez Sánchez y consideró las distintas legislaciones que han regulado la duración máxima de los procesos penales.
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En ese sentido, indicó que la Ley 76-02 establecía un plazo de tres años; la Ley 10-15 lo amplió a un máximo de cuatro años, mientras que la Ley 97-25 lo elevó a cinco años. No obstante, debido al momento en que se inició el proceso, Participación Ciudadana considera que le resulta aplicable el plazo máximo de cuatro años.
La organización concluyó que, pese a la prolongación del proceso, las circunstancias que han generado los aplazamientos están relacionadas, en su mayoría, con actuaciones procesales y con la garantía del derecho de defensa, por lo que no ha identificado elementos suficientes para establecer, por ahora, una vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
