La viabilidad constitucional de limitar la ciudadanía estadounidense por nacimiento en los territorios no incorporados de Estados Unidos enfrenta barreras legales tras la reciente doctrina fijada por el Tribunal Supremo.
Representantes de organizaciones de derechos civiles afirman que ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso poseen la facultad constitucional para redefinir quién tiene derecho a la ciudadanía por nacimiento, al señalar que la norma aplica a toda persona nacida en suelo estadounidense bajo su jurisdicción.
Pese a este marco jurídico, legisladores republicanos en ambas cámaras del Congreso presentaron medidas dirigidas a restringir el acceso a la ciudadanía a hijos de madres en situación migratoria irregular y padres que no sean ciudadanos ni residentes permanentes en los territorios.
Las propuestas alcanzan a Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes de EE. UU., las Islas Marianas del Norte y Samoa Americana, siendo este último el único territorio donde no se aplica la ciudadanía por nacimiento por decisión de su propio gobierno local.
En el Senado, la iniciativa fue radicada por James Lankford (Oklahoma) el 30 de septiembre, coincidiendo con el inicio del receso legislativo previo a las elecciones.
La medida no cuenta con coauspiciadores ni fue anunciada públicamente por el legislador.
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En la Cámara de Representantes, una propuesta similar del republicano Morgan Griffith (Virginia) dispone únicamente de un coauspiciador.
Ninguno de los dos proyectos tiene previstos trámites legislativos adicionales en el periodo restante de sesiones.
El argumento manifestado por los impulsadores de estas medidas sostiene que el Congreso conserva la potestad de regular la ciudadanía en las áreas insulares.
Sectores críticos y defensores de los derechos en los territorios señalan que estas iniciativas legislativas actúan de forma unilateral sobre la población insular, amparándose en la jurisprudencia histórica de los Casos Insulares sobre el estatus territorial.
