La decisión del presidente Luis Abinader de instruir a la Contraloría General de la República para que ponga a disposición de la ciudadanía los informes de auditorías practicadas a las instituciones públicas correspondientes al período 2020 y diciembre de 2025, fue catalogada este lunes como un hecho histórico que revela la transparencia de su gestión.
Así lo afirmó el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM), Félix Reyna.
Reyna señaló que resulta trascendental que un mandatario haga públicos estos informes sin tener la obligación de hacerlo, motivado únicamente por un compromiso ético con la rendición de cuentas y el deseo de que la población conozca el manejo de los fondos públicos.
Es una decisión valiente de un jefe de Estado que no teme al escrutinio público y que está sembrando precedentes para el fortalecimiento institucional y la ampliación de la democracia, destacó el funcionario.
El vocero gubernamental indicó que esta medida obligará a que las futuras administraciones garanticen la continuidad de gestiones transparentes.
Asimismo, explicó que la publicación de las auditorías no es una acción aislada, sino la continuidad de una conducta orientada a las buenas prácticas administrativas que permitirá aplicar los correctivos necesarios en las áreas que lo ameriten.
TemasRelacionados
Resaltó el interés y la instrucción expresa del presidente de la República para que la Contraloría General continúe ampliando el alcance de las auditorías, avanzando progresivamente hacia una mayor cobertura de todas las instituciones sujetas al Sistema Nacional de Control Interno, por lo que exhortó a la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil a valorar en su justa dimensión esta iniciativa que marca un antes y un después en la forma de gobernar.
Un proceso sustentado en la Ley 10-07
El numeral 8 del artículo 18 de la Ley núm. 10-07 establece entre las funciones especiales del contralor general de la República, la de remitir directamente al titular de la respectiva entidad u organismo público, al Poder Ejecutivo, a la Procuraduría General de la República o a la Cámara de Cuentas, según corresponda, los resultados o informes de las evaluaciones, auditorías internas e investigaciones realizadas.
