TemasRelacionados
Por Juan Vicente Bachiller
El explosivo juicio al expresidente Jair Bolsonaro y sus cómplices por el intento de golpe de Estado que buscaba frenar la toma de posesión de Lula en 2022 ha encendido en Brasil el debate clave: ¿amnistía para los golpistas? Condenados por el Tribunal Supremo, una ley de amnistía parlamentaria es su última carta para evitar la prisión. ¿Impunity para Bolsonaro?
Históricamente, la amnistía ha sido una herramienta vital en transiciones hacia la democracia o pacificación tras conflictos. No cierran todas las heridas, pero impulsan la reconciliación nacional y una nueva era. Sin embargo, fuera de estos casos críticos, las amnistías se transforman en perdón VIP para aliados políticos, violando flagrantemente principios constitucionales: separación de poderes, jerarquía normativa y el fin de la arbitrariedad.
La amnistía, en esencia, es el perdón a figuras políticas, militantes y autoridades por delitos de índole política. Comunes en guerras, conflictos o dictaduras, tanto para insurrectos como defensores del régimen, se enmarca en la justicia transicional. Busca un nuevo ciclo de reconciliación y blindaje institucional, frenando futuras violaciones de derechos humanos. Amnistía política: ¿Solución o tapadera?
Así, las leyes de amnistía son hitos en revoluciones constituyentes. No hay conflicto entre su legalización y el perdón de crímenes políticos, incluso violentos. Se aprueban en redefiniciones legales, con un solo límite: la legitimidad del proceso, ligada al consenso social. Por ello, una amnistía justa no puede ser parcial: debe abarcar a opositores, agentes estatales y defensores del antiguo régimen. Amnistía: ¿para todos o solo para algunos?
Un caso de estudio es la Ley de Amnistía sudafricana de 1995, que impulsó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Investigó crímenes del apartheid y de los movimientos de liberación, sentando las bases de la Constitución de 1996. Sudáfrica: lecciones de amnistía y reconciliación.
Otras amnistías buscan cerrar conflictos armados que minan el Estado de Derecho, sin romper la Constitución. Aquí, el máximo tribunal constitucional blinda la legitimidad. Así surgió la innovadora Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, clave tras el fin del conflicto con las FARC y bajo supervisión de la Corte Constitucional. ¿El fin? Equilibrar ley y justicia transicional. Colombia: ¿modelo de paz con justicia?
Ambos modelos demuestran: la amnistía, excepcional por naturaleza, exige legitimidad masiva para ser un bien supremo, no un favor político. El polo opuesto: las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) en Argentina, que blindaron a militares criminales de la dictadura. Aunque no amnistías puras (limitaban juicios futuros), fallaron en reconocer delitos, pedir perdón o mostrar arrepentimiento. Argentina: el dolor de la impunidad.
Ambas leyes fueron anuladas en 2003 y declaradas inconstitucionales en 2005 por la Corte Suprema argentina. Esto confirma: sin consenso social, el perdón por crímenes políticos es una arbitrariedad inaceptable en un Estado de Derecho. La justicia prevalece.
Así, la propuesta bolsonarista de amnistiar el intento de golpe de Estado de 2022 es sinónimo de impunidad para un grupo político, una jugada para explotar una mayoría parlamentaria. No ofrece arrepentimiento, reconocimiento del daño o solución a ningún conflicto real, más allá del caos que habría provocado un golpe exitoso. Bolsonaro: ¿amnistía a la carta?
Esta alarmante falta de legitimidad tiene un espejo: la polémica Ley de Amnistía del gobierno de Pedro Sánchez en España. Benefició a líderes independentistas catalanes tras su intento de secesión en 2017, un acto que el Tribunal Supremo calificó de intento violento de suprimir el Estado de Derecho. Condenados a prisión, el gobierno español, que inicialmente la rechazó por inconstitucional, la aceptó como moneda de cambio tras las ajustadas elecciones de 2023 para la investidura presidencial. En una democracia consolidada, sin conflicto armado ni justicia transicional, y solo para un grupo, la amnistía fue un puro negocio parlamentario. Esto ilumina la estrategia bolsonarista: como en España, buscan una mayoría legislativa para borrar sentencias y eliminar crímenes de quienes intentaron derrocar la democracia con violencia. España: ¿el precedente de la impunidad?
Aunque las lecturas constitucionales sobre la amnistía varían, un principio es innegociable: sin límites férreos, estas leyes son puertas abiertas a la impunidad, minando los pilares de la democracia. Cuando un sistema democrático ya ha usado sus controles institucionales —como el juicio a quienes subvierten el orden constitucional— no hay cabida para leyes que borren esos delitos. Permitir que el Legislativo anule lo que el Judicial sentenció es abrir la caja de Pandora al decisionismo, donde la ley se doblega al capricho de las mayorías. Así, el poder descontrolado reinaría, alejándonos del gobierno de las leyes para caer en el gobierno de los hombres. Amnistía: ¿el fin de la ley?
