Danilo Desiderio/Latinoamérica21
En buena parte del continente africano y de América Latina y el Caribe (ALC) se está abriendo una brecha cada vez mayor entre lo que los ciudadanos esperan del Estado y lo que los gobiernos han sido capaces de ofrecer. Especialmente entre las generaciones más jóvenes, la frustración por el desempleo, la corrupción, la inseguridad y unos servicios públicos inadecuados está erosionando cada vez más la confianza en las élites políticas. En África, los últimos datos de Afrobarometer muestran que el 59% de los ciudadanos considera que las condiciones económicas de sus países son malas, mientras que el 58% cree que se encaminan en la dirección equivocada. El desempleo y la gestión económica figuran entre las prioridades más urgentes. La situación es similar en ALC, donde, según Latinobarómetro, solo el 45% de los jóvenes se muestra satisfecho con el funcionamiento de la democracia, mientras que casi el 40% desconfía de sus gobiernos.
Estas tendencias han reavivado un debate más amplio sobre qué tipo de organización estatal puede impulsar una transformación estructural. Los ciudadanos exigen cada vez más Estados que no solo sean capaces de resolver problemas públicos, sino también de impulsar una transformación productiva.
Esta creciente insatisfacción con el desempeño del Estado no puede atribuirse simplemente al estancamiento económico, ya que muchos países de ambas regiones han registrado un crecimiento relativamente sólido en los últimos años. Sin embargo, para dos regiones con un potencial demográfico y económico enorme, este nivel de desempeño sigue estando por debajo de su peso. Y, aún más importante, este crecimiento no se ha traducido de manera consistente en una transformación estructural. En buena parte de los dos bloques, las economías siguen teniendo dificultades para crear empleo productivo, diversificarse más allá de las materias primas, desarrollar capacidad industrial y construir las infraestructuras y capacidades tecnológicas necesarias para aumentar la productividad. Por lo tanto, la cuestión no es si África y ALC pueden seguir creciendo, sino si pueden cambiar la estructura de ese crecimiento, convirtiendo la expansión económica en transformación productiva y en una mejora del nivel de vida de sus poblaciones numerosas y en rápido crecimiento.
Aquí es donde la cuestión de la capacidad estatal se vuelve crucial. El hecho de que el crecimiento no se haya traducido en una transformación estructural sugiere que los Estados deben hacer algo más que resolver problemas públicos inmediatos: también deben ser capaces de coordinar a los actores y procesos económicos a través de los cuales puede producirse dicha transformación. Este papel más exigente del Estado se refleja en las prioridades y preocupaciones expresadas por los ciudadanos de ambas regiones, recogidas por Afrobarometer y Latinobarómetro. En África, estas expectativas están estrechamente vinculadas a una revisión más amplia del modelo democrático, en un contexto de creciente debate sobre si los sistemas democráticos existentes pueden garantizar una gobernanza responsable y responder eficazmente a las necesidades socioeconómicas de los ciudadanos. Estas dudas cada vez mayores sobre los sistemas democráticos existentes están generando un espacio político para líderes disruptivos que prometen romper con los órdenes políticos establecidos y construir Estados más fuertes y eficaces. En el Sahel, esta demanda se ha articulado mediante el lenguaje de la soberanía económica, la autosuficiencia y la resistencia a la influencia externa, particularmente la de Francia, la antigua potencia colonial. Mali, Burkina Faso y Níger son ejemplos claros de ello. En muchos otros países, como Senegal, Guinea y Sudán del Sur, el discurso político pone cada vez más énfasis en un mayor control nacional de los activos del país para aumentar el valor añadido interno y garantizar que la riqueza procedente de los recursos contribuya más directamente al desarrollo nacional.
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Sin embargo, convertir estas ambiciones en realidad requiere algo más que voluntad política. La soberanía económica también depende de instituciones sólidas capaces de traducir un mayor control sobre los activos nacionales en inversión productiva, desarrollo industrial y prosperidad de base amplia. Sin esta capacidad institucional, el nacionalismo de los recursos corre el riesgo de convertirse en una política demagógica de propiedad y control, en lugar de una estrategia para construir economías productivas. La búsqueda de un Estado capaz, sin embargo, no se limita a los países que atraviesan situaciones de disrupción política o persiguen el nacionalismo de los recursos. Marruecos es un ejemplo especialmente ilustrativo. Su actual debate político apunta a la necesidad de un Estado capaz de garantizar que los beneficios del desarrollo se distribuyan equitativamente por todo el país. El énfasis en la equidad territorial es especialmente importante, ya que la capacidad estatal se pone a prueba, en última instancia, no solo por la calidad de las instituciones en el centro, sino por su
capacidad para proporcionar infraestructuras, servicios, oportunidades económicas e inversión pública en territorios con distintos niveles de desarrollo. En este sentido, la capacidad va más allá del diseño de políticas eficaces y abarca la capacidad de aplicarlas de manera coherente y de convertir la intención de las políticas en resultados que los ciudadanos y las empresas puedan experimentar realmente.
ALC ha expresado la misma demanda de un Estado más capaz a través de otro giro de su péndulo político. El reciente giro a la derecha en muchos países refleja no solo un cambio ideológico, sino también una creciente frustración con gobiernos que no han logrado proporcionar seguridad, oportunidades económicas y mejoras tangibles en la vida de las personas. Los gobiernos surgidos de este giro están aplicando, en distinto grado, disciplina fiscal, estabilidad regulatoria, programas de estabilización macroeconómica y medidas destinadas a reforzar la confianza de los inversores. Argentina y El Salvador figuran entre los ejemplos más claros, con esfuerzos sostenidos para recuperar la estabilidad y crear condiciones favorables para la inversión y la expansión productiva. Sin embargo, aunque estas reformas han producido mejoras importantes en la gestión macroeconómica y en el entorno de inversión, sigue sin estar claro si podrán traducirse en una transformación estructural sostenida.
Aunque las trayectorias políticas de África y ALC difieren, cada vez convergen más en torno a la demanda de un Estado capaz de demostrar que funciona. Sin embargo, satisfacer esa demanda difícilmente requerirá resucitar el antiguo Estado intervencionista. Ambas regiones han experimentado períodos de desarrollo dirigido por el Estado que no lograron generar una transformación estructural. Estas experiencias han dejado una lección política duradera: un Estado más intervencionista no es necesariamente un Estado más capaz. Lo que se necesita, en cambio, es un Estado que actúe como un coordinador ágil de los actores económicos, los alinee en torno a objetivos comunes y cree las condiciones para que sus actividades puedan crecer, expandirse y generar una transformación económica más amplia.
El Estado capaz se sitúa en la intersección entre el dirigismo y la tecnocracia. No pretende controlar la actividad económica, sino configurar las condiciones en las que las empresas puedan surgir, crecer y competir.
Tanto África como ALC han avanzado, aunque de manera desigual, hacia este modelo, pero ninguna de las dos regiones lo ha alcanzado plenamente. Sus experiencias muestran que lograr una transformación económica y mejorar las condiciones de vida de una parte más
amplia de la población requiere algo más que cambios políticos, un mayor control de los activos estratégicos o reformas económicas ambiciosas. También requiere instituciones capaces de coordinar a los actores económicos y movilizar el conocimiento, la financiación, las competencias y las capacidades tecnológicas necesarias para convertir las oportunidades en resultados económicos. Por lo tanto, la prueba definitiva de este modelo emergente de acción estatal no será cuánto controlan los gobiernos, sino qué permiten hacer: instituciones que actúen no como sustitutas del sector privado, sino como contrapartes estratégicas, posibilitando la aparición de un ecosistema de guerreros económicos que convierta el potencial económico en capacidad productiva, la capacidad productiva en empresas competitivas y las empresas competitivas en una prosperidad ampliamente compartida.
