Xavier Rodríguez Franco/Latinoamérica21
Marco Rubio culminó recientemente en Lima una gira relámpago por Sudamérica —con paradas previas en Bogotá y Quito— formalizando la incorporación de Perú al “Escudo de las Américas”, la coalición de seguridad regional que impulsa Washington contra el narcotráfico y el crimen organizado. Se trata de una fotografía que representa una nueva alineación hemisférica: la presidenta conservadora Keiko Fujimori, a apenas semanas de asumir el poder, sellando su primer gran acuerdo internacional con EEUU.
Pero detrás de la foto hay dos cifras que deberían tenerse en cuenta. La primera: Fujimori ganó la presidencia por apenas 49.641 votos, uno de los márgenes más estrechos de la historia electoral peruana. La segunda: quince de los diecinueve ministros de su gabinete arrastran investigaciones, procesos previos o antecedentes penales. Ciertamente, Washington tiene razones geoestratégicas de peso para acercarse a Lima en este nuevo momento político. Pero la solidez de este acercamiento depende menos de lo que decida EEUU que de la gobernabilidad que pueda sostener el nuevo gobierno de Perú.
La atracción es real. Perú concentra litio, cobre y un puerto (Chancay) construido con capital chino que ya opera como nodo logístico del Pacífico Sur. En un momento en que Washington busca diversificar las cadenas de suministro y reducir su dependencia de minerales críticos chinos, Lima ofrece una alternativa sólida a menos distancia. A ello se suma la agenda de seguridad regional: el Departamento de Estado envió una delegación de alto nivel a la investidura de Fujimori, encabezada por el subsecretario Christopher Landau, y anunció más apoyo contra el crimen organizado transnacional, incluidos el ELN, Los Choneros, el Tren de Aragua, entre otras organizaciones designados por la administración Trump como terroristas.
¿Pero qué gana realmente Perú, y con qué margen de maniobra cuenta un gobierno sin mayoría propia en el Congreso? El llamado «Corolario Trump», más allá de las determinantes que tiene para la política regional y la Seguridad Nacional de EEUU, no es una hoja de ruta ordenada, ni tampoco predecible. Las discrepancias dentro y fuera de los círculos políticos de Washington, incluidos sectores del propio Partido Republicano, cuestionan si la militarización de la lucha antidrogas en la región realmente sirve a los intereses de largo plazo de EEUU, más allá del efecto simbólico.
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Por su parte, para Lima esto significa negociar con una potencia cuya prioridad puede cambiar de un trimestre a otro, algo que ya vivió Perú en abril de 2025 cuando el régimen de aranceles de hasta el 50% golpeó las exportaciones de cobre antes de revertirse parcialmente meses después.
Este no es un problema nuevo, desde 1990 el vínculo entre Washington y Lima ha atravesado tres etapas: el ascenso y caída de Alberto Fujimori, marcado por la derrota de Sendero Luminoso pero también por el autogolpe de 1992 y la corrupción de Vladimiro Montesinos; una fase de apertura comercial y disciplina fiscal entre 2001 y 2016, coronada por el Tratado de Libre Comercio firmado en 2009; y la última década, la de los «presidentes sin parlamento». Un antecedente del período de inestabilidad más grande de su historia reciente. En diez años, Perú ha tenido nueve jefes de Estado.
Ese es el verdadero obstáculo para cualquier «ventana de oportunidad” que se quiera plantear desde Washington: no la voluntad política, que existe en ambas capitales, sino la pertinaz fragilidad institucional peruana. Un Congreso fragmentado no perdona errores, y un gabinete con antecedentes judiciales da munición inmediata a la oposición para dudar y frenar cualquier iniciativa o acuerdo que suponga un alineamiento con Washington.
A esto se suma la amenaza que el propio gobierno peruano coloca en el centro de su agenda: el crimen organizado, ya no como un problema de seguridad ciudadana, sino un riesgo directo para la gobernabilidad del país. Esta realidad, marcada por homicidios y extorsiones, se ha acentuado en los últimos años y erosiona la capacidad del Estado para gobernar su propio territorio.
En este contexto, Washington debería evitar dos errores. El primero, tratar la relación con Perú únicamente como una pieza más de la rivalidad con China, ignorando la fuerte presencia china en minería, la cual no va a desaparecer. De hecho, la reacción a la gira de Rubio ya lo confirma: la embajada china en Lima, sin mencionarlo por nombre, advirtió que el hemisferio occidental «no es el patio trasero de nadie» y defendió el derecho de los países latinoamericanos a elegir libremente sus socios.
El segundo error es confundir la arquitectura de seguridad regional con un compromiso resuelto. Perú, si bien no fue parte de los firmantes originales del Escudo de las Américas, la coalición que Trump lanzó en marzo, en esta visita, Rubio formalizó su incorporación. Se trata de un hecho con peso estratégico real para el reacomodo de alianzas en el hemisferio, no un simple gesto protocolar. Pero el ingreso a una coalición no equivale automáticamente a una cooperación operativa: persisten dudas sobre cuál será efectivamente la participación de EEUU una vez pasada la foto. Tampoco ayuda la confusión de nombres: la fuerza militar operativa de SOUTHCOM en la región, antes llamada Southern Spear, fue rebautizada en agosto como Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, un cambio que refleja hasta qué punto esta arquitectura de seguridad se está construyendo sobre la marcha.
Conviene no perder de vista, además, que la agenda de esta gira no se limitó a la seguridad. Rubio instó a Lima a priorizar tecnología estadounidense de inteligencia artificial frente a la oferta china, y sumó a la conversación bilateral la cooperación frente a los efectos climáticos de El Niño. Señales todavía modestas, pero que apuntan en una dirección más amplia: una relación que no dependa exclusivamente de la lucha antidrogas y la geopolítica de bloques.
Rubio se lleva de Lima la foto que necesitaba: un nuevo aliado conservador, que se suma a las Bogotá y Quito, los otros dos destinos de su gira. Fujimori por su parte, se queda con el problema real. La historia reciente de Perú evidencia que ningún cálculo estratégico en Washington sobrevive mucho tiempo a una crisis de gobernabilidad en Lima. La posibilidad de un acercamiento real existe, y ahora es más concreta que hace un mes. Que se termine de consolidar o no, dependerá del desempeño político del Gobierno de Fujimori.
