El programa Familias de Cariño, destinado a brindar atención a adultos mayores en situación de vulnerabilidad, mantuvo durante 2024 entre sus beneficiarios a por lo menos 15 servidores públicos que recibían salarios de otras instituciones estatales de hasta 200,000 pesos mensuales.
La irregularidad fue identificada en una auditoría de la Contraloría General de la República al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), correspondiente al período comprendido entre septiembre de 2020 y diciembre de 2024.
El informe establece que 12 de los servidores públicos figuraban como cuidadores de adultos mayores, mientras que los otros tres estaban registrados como envejecientes beneficiarios del programa.
Los 12 cuidadores que figuraban en la nómina del programa Familias de Cariño también eran empleados de otras instituciones públicas, donde devengaban salarios de entre 30,000 y 155,000 pesos mensuales, según los hallazgos de la Contraloría.
Los auditores revisaron las nóminas de enero, junio y diciembre de 2024, período en el que identificaron pagos mensuales del programa por un total de 170,000 pesos a estos 12 cuidadores.
Según la documentación examinada, 11 de estas personas recibían 15,000 pesos mensuales del programa, mientras que una percibía 5,000 pesos. Los salarios que devengaban en otras entidades públicas sumaban 784,550.32 pesos al mes.
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La Contraloría también identificó a tres personas registradas como envejecientes que figuraban en nóminas de otras instituciones del Estado, con remuneraciones que, según los datos revisados, alcanzaban hasta 200,000 pesos mensuales.
El informe advierte que esta situación representa riesgos de inclusión de personas que no cumplen los requisitos del programa, duplicidad de beneficios y aumento del gasto público.
Debilidades en el programa Familias de Cariño
La auditoría examinó los informes de gestión y las solicitudes de pago correspondientes a 2024, año en el que el programa registró desembolsos por 54,395,000 pesos.
De ese monto, los auditores seleccionaron una muestra de 16,545,000 pesos, correspondiente a enero, junio y diciembre, para verificar los procedimientos de selección de beneficiarios y la documentación que sustentaba los pagos.
Durante la revisión encontraron expedientes que no contenían documentos que establecieran los requisitos mínimos que debían cumplir los adultos mayores y sus cuidadores para ingresar al programa.
También identificaron la ausencia de informes médicos elaborados por las unidades médicas de la institución y de contratos suscritos entre el Conape, los adultos mayores beneficiarios y sus cuidadores.
Otras deficiencias fueron la falta de comunicaciones dirigidas a la dirección ejecutiva para solicitar la inclusión de los adultos mayores y recomendar a las personas responsables de su cuidado.
Asimismo, se encontraron expedientes sin copias de cédulas, datos personales y otras documentaciones esenciales de los cuidadores, además de archivos incompletos y desactualizados.
La Contraloría señaló posibles incumplimientos de la Constitución, la Ley 41-08 de Función Pública y la Ley 10-07 sobre el Sistema Nacional de Control Interno.
Entre sus recomendaciones figura establecer mecanismos de verificación mediante cruces periódicos con las nóminas y bases de datos gubernamentales para prevenir la duplicidad de beneficios.
Respuesta del Conape y estatus de la auditoría
El Conape remitió a la Contraloría, mediante una comunicación fechada el 10 de marzo de 2026, una matriz de plan de acción y documentación de respaldo relacionada con los hallazgos de la auditoría.
En esa comunicación, la institución informó que había definido acciones correctivas y de mejora para atender las observaciones formuladas por los auditores y fortalecer sus mecanismos de control interno.
Sin embargo, el informe no presenta una explicación específica del Conape que justifique la inclusión de los 15 servidores públicos en el programa Familias de Cariño ni establece que esas situaciones hayan sido corregidas en su totalidad.
La Contraloría asignó al hallazgo el estatus de «en proceso de subsanación», por lo que no lo dio por cerrado en su informe del 24 de marzo de 2026.
Pagos por más de 162 millones de pesos sin soportes completos
Entre las demás irregularidades, la Contraloría identificó 35 operaciones de pago, mediante cheques y libramientos, por un monto conjunto de 162,239,154.94 pesos, cuyos expedientes carecían de documentos de respaldo requeridos.
- De estas operaciones, 20 correspondían a libramientos por 161,191,607.47 pesos y otras 15 a cheques por 1,047,547.47 pesos.
Las deficiencias incluían la ausencia de documentos como el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y certificaciones relacionadas con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
La Contraloría advirtió que estas prácticas dificultan la verificación de los desembolsos y recomendó fortalecer los controles para garantizar que los pagos cuenten con la documentación exigida. Este hallazgo también recibió el estatus de «en proceso de subsanación«.
Empleados con expedientes incompletos
La Contraloría también encontró deficiencias en la documentación del personal del Conape, que al cierre de diciembre de 2024 contaba con 1,345 empleados.
De una muestra de 114 expedientes de trabajadores activos, los auditores identificaron la falta de documentos necesarios para sustentar los procesos de contratación y administración de recursos humanos.
Entre las principales ausencias figuraban 111 expedientes sin contratos de trabajo o nombramientos y 101 sin cartas de no objeción del Ministerio de Administración Pública (MAP).
También se detectó la falta de otros documentos, como certificados de estudios, constancias de buena conducta y registros relacionados con los procesos de selección y evaluación del personal.
La Contraloría recomendó completar y actualizar los expedientes, así como fortalecer los procedimientos de contratación y gestión de recursos humanos.Al igual que las demás observaciones señaladas, este hallazgo fue clasificado como «en proceso de subsanación» en el informe de auditoría.
15 vehículos oficiales sin rotular
La inspección física del parque vehicular del Conape determinó que 15 de los 42 vehículos registrados a nombre de la institución no estaban debidamente rotulados.
Esta situación contraviene las normas de identificación de bienes del Estado y dificulta el control y reconocimiento de los vehículos destinados a las operaciones institucionales.
Los auditores recomendaron adoptar medidas para garantizar su identificación y control. La observación también quedó «en proceso de subsanación«.
Edificación del Conape
La auditoría estableció que la institución no presentó el título de propiedad de la edificación donde funciona su sede, una situación que los auditores señalaron como incumplimiento de las disposiciones sobre registro y control de bienes inmuebles del Estado.
El informe recomienda mantener debidamente organizada la documentación que acredita la titularidad de los inmuebles, así como sus registros y demás informaciones patrimoniales.
Aunque el documento incluye un plan institucional de acciones correctivas, la Contraloría mantuvo este hallazgo «En proceso de subsanación«. El informe no acredita que la situación registral estuviera resuelta al momento de su emisión.
