El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró este lunes que revisan la presencia de familiares de legisladores en las nóminas del Congreso, revelada por Diario Libre, pero no precisó qué procedimiento se ha iniciado, quién está a cargo, cuándo concluirá ni si contempla alguna medida frente a los casos identificados.
«Eso son cosas que tenemos que ver en su totalidad. Es algo que estamos analizando, lo estamos discutiendo«, respondió De los Santos al ser cuestionado por Diario Libre.
El senador también se desvinculó personalmente de la práctica y dijo que verificarán la situación de otros legisladores.
«En mi caso personal usted no se va a encontrar con ese caso, pero tenemos que chequear a ver cómo ha sido la conformación de esos legisladores que en su nómina puedan tener algún familiar. Eso lo estamos revisando», afirmó.
Pacheco se niega a responder
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, por el contrario, se negó a responder cuando un reportero de Diario Libre le preguntó sobre los familiares de legisladores que figuran en la nómina de esa cámara. Pacheco manifestó expresamente que no respondería la pregunta.
Ambos presidentes del Congreso fueron abordados después del acto de inauguración del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional (TC), que se celebra desde este lunes y está dedicado al debido proceso constitucional en materia penal.
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- Las reacciones se producen luego de que una investigación de Diario Libre identificara 65 familiares de 59 legisladores en las nóminas del Congreso Nacional. De estos legisladores, 53 son diputados y seis senadores.
Los familiares identificados reciben en conjunto alrededor de 2.7 millones mensuales. En el Senado, el levantamiento encontró ocho familiares de seis de sus 32 miembros.
El reportaje también estableció que estas contrataciones se producen en un vacío normativo. La Ley 41-08 de Función Pública contempla restricciones para familiares dentro de una misma institución cuando existe una relación jerárquica, pero excluye de su ámbito de aplicación a los funcionarios de elección popular.
