El partido Fuerza del Pueblo (FP), a través de su Subgabinete Agroalimentario y Ambiental, expresó este lunes su posición frente al anteproyecto de Ley de Aguas, que estudia el Senado, advirtiendo que dicho marco legal no puede abrir puertas a la privatización de un recurso vital y estratégico para la nación.
En rueda de prensa encabezada por Paino Abreu, secretario de Medio Ambiente, la organización política recordó que la Constitución dominicana, en su artículo 15, establece que «el agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida», por lo que el consumo humano debe tener prioridad sobre cualquier otro uso.
Señaló que el país enfrenta una degradación acelerada de las cuencas hidrográficas, así como del caudal de ríos, arroyos y lagunas, debido a la incapacidad de las autoridades para detener acciones ilegales y a la escasa inversión gubernamental en la protección de los acuíferos.
«El agua solo puede considerarse un recurso renovable si se gestiona adecuadamente, y en nuestro país, lamentablemente, no está ocurriendo», indica el documento leído por Abreu.
Subrayó que el Congreso ha recibido varios proyectos de ley sobre el tema que han perimido y que todos ellos han estado «plagados de falencias y presiones de intereses creados» que buscan abrir compuertas a la privatización del agua.
Puntos centrales
La organización política que lidera el expresidente Leonel Fernández sostuvo que cualquier ley destinada a organizar y gestionar el uso del agua debe estar en plena concordancia con la Ley General 64-00, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya que este ministerio es la institución que ostenta la rectoría sobre la captación, cuidado y protección de las fuentes hídricas.
En ese sentido, subrayó que el Ministerio también tiene la responsabilidad de garantizar que las aguas residuales no sean vertidas en ríos, arroyos ni en el subsuelo sin el debido tratamiento, a fin de proteger la salud de la población y los ecosistemas.
«La legislación que hace falta —precisó— es una que regule de manera clara y transparente el aprovechamiento de este capital natural y bien público llamado agua, desde el momento y en el lugar en que el Ministerio de Medio Ambiente lo autorice».
Como conclusión, Fuerza del Pueblo reiteró su respaldo a la aprobación de una Ley de Agua y Saneamiento, así como a la creación de una entidad especializada que organice, ordene, gestione y administre este recurso esencial para la vida.
El Subgabinete Agroalimentario y Ambiental de Fuerza del Pueblo, responsable de fijar la posición del partido, está integrado por las secretarías de Medio Ambiente, Asuntos Hídricos, Asuntos Agropecuarios, Desarrollo Rural y Agua Potable y Saneamiento.
TemasRelacionados
Fuerza del Pueblo estableció cinco ejes fundamentales que deben guiar la legislación:
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El agua es un bien esencial y patrimonial que pertenece a toda la nación, cuyo acceso ya está reconocido como un derecho humano por las Naciones Unidas y garantizado por la Constitución.
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Ninguna fuente natural de agua puede ser privatizada.
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La ley que organice y gestione el recurso no debe contener ambigüedades que se presten a interpretaciones.
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El gobierno tiene la responsabilidad directa de garantizar el acceso al agua potable, asegurar su tratamiento y evitar que las aguas residuales se conviertan en foco de enfermedades.
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La seguridad hídrica debe ser considerada una prioridad nacional y una de las principales responsabilidades del Estado frente a la sociedad.
