El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, denunció este jueves que, a su juicio, el Gobierno está ejecutando una especie de reforma fiscal encubierta mediante aumentos sucesivos de impuestos, tarifas y servicios que afectan directamente el bolsillo de las familias dominicanas, sin que estos incrementos se traduzcan en una mayor eficiencia del Estado.
El legislador de la Fuerza del Pueblo reaccionó al aumento de 500 y 1,000 pesos en el costo del marbete, anunciado esta mañana por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
«¿Cuántas reformas fiscales más necesita este Gobierno? Porque, aunque nadie lo haya anunciado formalmente, nos están haciendo otra reforma fiscal por cuotas y sin avisarnos», proclamó Fernández.
Impacto en el poder adquisitivo
Mediante una nota de prensa, el senador advirtió que la preocupación no debe limitarse al nuevo incremento del impuesto de circulación vehicular, sino también al efecto acumulado de múltiples aumentos que, a su juicio, están reduciendo progresivamente el poder adquisitivo de la población.
«Esta reforma se ha hecho poquito a poquito, aumento por aumento, y hace rato estamos pagando mucho más por lo mismo. A veces da la impresión de que el Gobierno es el principal enemigo de tu bolsillo»Senador del DN
- En ese sentido, recordó que los ciudadanos han tenido que asumir incrementos en los peajes, algunos de los cuales pasaron de 60 a 200 pesos, así como mayores costos por operaciones bancarias. Según señaló, el impuesto asociado a estas transacciones representa hoy un 33 % más que antes.
«Hasta para transferirle un dinerito a tu mamá tienes que pagar más. El problema es que aquí todo sube, menos la eficiencia del Gobierno«, expresó el representante del Distrito Nacional.
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Incrementos en servicios y trámites
El congresista también llamó la atención sobre el encarecimiento de la vivienda. Señaló que el aumento de las tarifas de supervisión de las construcciones termina trasladándose al precio final que pagan las familias por adquirir una casa o un apartamento.
Asimismo, citó el incremento del costo de la certificación de no antecedentes penales, conocida popularmente como papel de buena conducta, que pasó de 600 a 800 pesos, pese a ser un documento requerido con frecuencia para solicitar empleos.
A estos aumentos sumó la modificación de la contribución especial para la gestión de residuos sólidos. Como ejemplo, indicó que una empresa pasó de pagar 260 mil pesos a 675 mil, lo que representa una carga adicional para el sector productivo.
Fernández sostuvo que estos incrementos resultan aún más cuestionables si se toma en cuenta que las recaudaciones del Estado continúan creciendo.
A su juicio, estas cifras evidencian que el problema no radica únicamente en la disponibilidad de recursos públicos, sino también en la capacidad del Gobierno para administrarlos de manera eficiente y ofrecer mejores resultados a la ciudadanía.
«¿Cuánto más tiene que pagar el dominicano para que el Gobierno aprenda a administrar lo que ya recibe?», preguntó.
El legislador insistió en que, aunque el Gobierno no haya presentado formalmente una nueva reforma fiscal, los aumentos acumulados están produciendo efectos similares en las finanzas de los hogares.
