Abogados de algunos de los imputados en el caso Senasa 2.0-A expresaron su inconformidad con la exigencia de que sus representados utilicen poloches de color verde durante la audiencia de medida de coerción que será conocida en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Los profesionales del derecho explicaron que tuvieron que acudir a establecimientos comerciales para adquirir las prendas y entregárselas a sus clientes, luego de ser informados de que los imputados debían presentarse a la sala de audiencia utilizando los polochés verdes.
Según indicaron los abogados, la disposición habría sido comunicada en el área de Atención Permanente, donde se les informó del requisito de esa vestimenta, utilizada para identificar a las personas bajo arresto preventivo.
La medida generó comentarios entre los abogados que acudieron al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para visitar a sus clientes y preparar los argumentos que presentarán durante la audiencia.
Algunos de los defensores cuestionaron que fueran ellos quienes tuvieran que asumir la compra de las prendas que deberán utilizar sus representados durante el proceso judicial.
Los abogados acudieron la mañana del sábado a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia para coordinar junto a sus clientes aspectos de la defensa técnica y revisar los argumentos que serán planteados ante el tribunal.
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Solicitud de medida de coerción
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra 25 personas, entre exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), médicos y particulares, arrestadas durante la denominada Operación Senasa 2.0-A, investigación en la que el órgano acusador persigue una presunta red dedicada a defraudar fondos públicos mediante la facturación de servicios médicos que no habrían sido realizados.
La solicitud de medida de coerción, contenida en un expediente de 525 páginas, fue depositada antes de la medianoche ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional por los titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y Mirna Ortiz.
