Los allanamientos y apresamientos del Ministerio Público contra un grupo de médicos y otros implicados en el caso Senasa 2.0 no representaron ninguna sorpresa para algunos de los encartados.
Según declaró el abogado Billy Gerónimo, representante legal de Angeury Guzmán, ya se sabía que «en algún momento» dichas acciones judiciales se producirían.
El togado indicó que su defendido, arrestado en la capital, se encuentra preparado para enfrentar las acusaciones del órgano persecutor. «Estamos preparados para la fijación de la medida de coerción; (preparados) para echar el pleito», afirmó.
Por su parte, Manuel Mateo, defensor de dos médicos, argumentó que sus representados no representan peligro de fuga ni comprometerán el proceso judicial, por lo que «perfectamente» el procedimiento puede continuar con ellos en libertad.
«Son profesionales de la salud y, además, no van a obstaculizar el normal desarrollo de la investigación. Son personas que tienen arraigos más que suficientes, profesionales de la salud connotados. Ellos sabían del proceso de investigación desde hace más de un año y no se sustrajeron», explicó Mateo.
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El Ministerio Público solicitó ayer sábado 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, para 25 de los arrestados en la denominada operación Cobra 2.0-A, puesta en marcha el viernes como parte de las líneas de investigación contra el supuesto entramado de corrupción administrativa que sustrajo fondos públicos aprovechándose del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezó el equipo de fiscales que depositó, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la solicitud de imposición de medida de coerción contra 25 imputados de violar la ley al aprovecharse del Senasa en complicidad con empleados de la administradora de riesgos de salud (ARS) estatal. El órgano investigador también solicitó que se declare el proceso de tramitación compleja.
La línea de investigación ha cuantificado la sustracción de un monto que supera los 40 millones de pesos.
