El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, se reservó su decisión sobre qué medidas de coerción aplicará contra los 26 imputados del caso Senasa 2.0.
El fallo del magistrado será dictado a las 7:00 de la noche del domingo 27 de septiembre, luego de que durante el transcurso de este viernes, los abogados defensores y el Ministerio Público agotaran sus respectivas réplicas y contrarréplicas con relación a lo expuesto por las partes ante el tribunal.
Ministerio Público solicita arresto domiciliario para nueve involucrados
Inicialmente, las autoridades solicitaron 18 meses de prisión preventiva contra los exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), médicos y particulares, arrestados durante la denominada Operación Senasa 2.0-A, además de declarar el expediente de tramitación compleja.
Sin embargo, el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, indicó que, atendiendo a la actitud de colaboración, solicitó la variación a arresto domiciliario para nueve de los imputados.
«Una parte de los implicados ha colaborado con la investigación del Ministerio Público y nosotros, siendo coherentes, como en todos los casos, a medida que las personas muestran primero arrepentimiento, admiten los hechos y pidieron incluso excusas ante el tribunal, el Ministerio Público sí solicitó al tribunal que la medida de coerción que se disponga contra estos sea el arresto domiciliario», manifestó Camacho.
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El funcionario destacó «la fortaleza» del expediente presentado por las autoridades, el cual incluso ha llevado a que «al menos 13» de los 26 implicados hayan admitido su culpabilidad ante el juez.
«Esto es una evidencia irrefutable de la fortaleza y contundencia de esta investigación que ha realizado el Ministerio Público y que esperamos que el juez, al momento de ponderar lo que se ha presentado por nuestra parte, acoja los términos que se han solicitado por la institución», señaló Camacho.
Antes del receso, el abogado Santos Willy Liriano Mercado había denunciado que el Ministerio Público ha estado forzando acuerdos con varios de los imputados, que han aceptado colaborar con las autoridades.
«Hay nueve personas que posiblemente se van con arresto domiciliario porque el Ministerio Público los obligó a acordar; no fue que llegaron de una manera voluntaria, los llevó de manera obligada; entonces, contra los que no, el Ministerio Público le solicitó la prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo; así no se hace justicia«, fue lo indicado por el defensor de Hannah Rachel Rodríguez Almanzar.
