El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) considera necesario precisar que la adolescente de iniciales J. G., de 13 años, vinculada a la desaparición de un niño de cuatro años en el sector Los Tres Brazos, posteriormente localizado junto a esta en Capotillo, fue ingresada al Sistema Nacional de Protección el 23 de septiembre del 2026, en cumplimiento de una solicitud del Ministerio Público, ante una vulneración de sus derechos en el entorno familiar.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, previo a su entrada al Sistema de Protección, la adolescente, quien se presume que padece de una condición de salud mental, hizo salida no consentida de un hospital. Después, estando en el programa de atención residencial de la asociación sin fines de lucro Fundación Cristiana Ama a Tu Prójimo, realizó varios intentos de salidas no consentidas, algunos de ellos efectivos. La última se produjo el 28 de septiembre y se notificó al Ministerio Público y a las instancias correspondientes, activándose las coordinaciones y actuaciones de seguimiento para procurar su ubicación y reingreso a un centro de acogida.
El 30 de septiembre el hospital Marcelino Velez notificó a nuestra oficina municipal Santo Domingo Norte que la adolescente se encontraba en el centro hospitalario.
Luego, el 1 de octubre, desde el Departamento de Trabajo Social del Hospital Robert Reid Cabral comunicaron que la adolescente se encontraba dentro de sus instalaciones y de inmediato se coordinó con el Ministerio Público, con la finalidad de aplicar la medida de protección. No obstante, al momento de hacer el abordaje, el centro hospitalario informó que se había producido una salida no consentida de la adolescente.
Sin embargo, es necesario reiterar que los programas de atención residencial son espacios de protección, no de privación de libertad. Su finalidad es brindar cuidado, acompañamiento y atención especializada a niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados o que se encuentran en situación de riesgo. Las salidas no consentidas ocurren cuando los menores de edad abandonan las instalaciones de los centros de acogida por iniciativa propia (a veces vinculadas a perfiles de alta complejidad conductual o hábitos de vida en la calle).
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Sobre los hechos relacionados con el niño de cuatro años, corresponde al Ministerio Público desarrollar las investigaciones y determinar las responsabilidades que procedan, respetando el debido proceso.
Finalmente, es importante exhortar a un tratamiento cauteloso de las informaciones sobre el caso, atendiendo a la condición de persona menor de edad de la adolescente señalada, cuyas circunstancias deben ser abordadas por las instancias correspondientes sin anticipar conclusiones.
Mientras tanto, la adolescente se encuentra bajo custodia de la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes (PNNA), en espera del conocimiento de una solicitud de medida cautelar a instancia del Ministerio Público. El CONANI estará formando parte del equipo de representación legal en la audiencia de la adolescente.
