La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) cuestionó con vehemencia la “transparencia” del proceso de evaluación de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
En un contundente comunicado, Finjus reveló que tras analizar las actas publicadas por el CNM sobre el controvertido proceso, detectó serias inconsistencias que sugieren una aplicación poco clara de los criterios de evaluación.
“Persisten cruciales interrogantes sobre los indicadores, su medición y la real imparcialidad en la valoración del desempeño judicial”, enfatizó el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Castaños Guzmán denunció que se utilizaron factores controversiales como la aplicación de la Ley núm. 2-23 (competencia jurisdiccional de una Sala) o la proximidad de la edad de retiro obligatorio.
A juicio de Finjus, estos factores pesaron más que criterios esenciales como productividad jurisdiccional, fundamentación jurídica de las decisiones, conducta ética y transparencia patrimonial y participación en programas de capacitación judicial.
En el documento, Finjus recordó que, si bien la Constitución otorga al CNM la atribución de evaluar a los jueces, este mandato debe ejercerse conforme a los principios de Estado social y democrático de derecho, la separación de poderes y las garantías de independencia judicial.
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Castaños Guzmán dijo que según la Ley 138-11, el objetivo de esta evaluación es determinar el cumplimiento de deberes constitucionales, la calidad de las decisiones, el compromiso con la tutela judicial efectiva y el apego a la imparcialidad; al tiempo que consideró que para lograrlo, los criterios deben ser objetivos, medibles y sustentados en evidencias documentales.
¡Alerta en RD! La Independencia Judicial Bajo Sospecha
Finjus advirtió que, cuando la evaluación se realiza desde una óptica apartada de su mandato constitucional, se corre el riesgo de vulnerar la independencia judicial y de erosionar la legitimidad del propio CNM.
“Un proceso influenciado por criterios alejados de su naturaleza podría implicar el debilitamiento de la carrera judicial y la confianza ciudadana en la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales”, acotó Castaño Guzmán.
¡Impacto! Los magistrados de la Suprema Corte, Pilar Jiménez Ortiz, Moisés Ferrer Landrón y Manuel Read Ortiz, fueron excluidos de sus puestos tras la polémica evaluación de desempeño llevada a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura.
El acta CNM 010-25 revela que Pilar Jiménez no fue ratificada por considerar “inoportuno” posponer la aplicación de la Ley 2-23, sobre Recurso de Casación, sin que el legislador hubiese diseñado un escenario de vacío legal; el argumento para Ferrer Landrón fue que su rendimiento “no satisfacía” los aspectos técnicos en el artículo dos del reglamento 01-2025.
¡Clave! En ambos casos la votación estuvo en empate, por lo que la decisión final del presidente Luis Abinader selló la no continuidad de ambos magistrados.
Respecto a Read Ortiz, los consejeros entendieron que a sus 72 años de edad no podría complementar el “30% de su gestión” debido a que la edad obligatoria de retiro para los jueces es de 75.
