El Consejo Electoral de Haití (CEP) ha revelado un plan técnico para restablecer la tan anhelada institucionalidad a ese país, un plan que colisiona brutalmente con la cruda realidad operativa que podría conducir a un desastre inminente.
No hay que ser necesariamente un experto en cuestiones haitianas para entender el futuro incierto que agrava la eterna crisis en ese país, porque hay factores poderosos que apuntan a un colapso seguro que hundiría a Haití en un nuevo abismo.
Precisamente, como ha documentado Listín Diario a lo largo de esta crisis, la clave para entender el destino de este plan está en el abismo entre el calendario del CEP y la grave situación en el terreno.
El Consejo Electoral Provisional (CEP) ha fijado las elecciones legislativas y presidenciales para el 30 de agosto de 2026 (primera vuelta) y el 6 de diciembre de 2026 (segunda vuelta).
Las elecciones para autoridades locales y regionales se llevarán a cabo junto con la segunda vuelta en diciembre, previéndose contar con líderes electos para el 20 de enero de 2027.
Pero, ojo, el CEP lanzó una advertencia clave: El cumplimiento de este calendario está condicionado a requisitos críticos. Entre los más destacados se encuentran: La garantía de seguridad total (que no existe en lo más mínimo por el momento) y el acceso a fondos vitales.
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Con esto de base, este Consejo se propone distribuir material electoral clave, tales como boletas, urnas y actas, del 12 al 28 de agosto de 2026.
Todo bien hasta ahí, pero ese ente electoral parece no haber tomado en cuenta la existencia de una gran barrera: el Oeste y Artibonite son, de facto, territorios controlados por bandas armadas.
En el caso que ocupa a este análisis, estos departamentos son absolutamente vitales para cualquier proceso electoral.
Aquí está la explicación: El Departamento Oeste, que incluye la capital, Puerto Príncipe, es el epicentro demográfico y electoral del país, y aporta la mayoría de los votos a escala nacional.
Mientras, el Departamento de Artibonite es una de las regiones más pobladas, corazón agrícola y centro político clave. No estamos hablando de zonas rurales aisladas, sino del corazón demográfico y económico del país.
Si, como se estima, el 60% del electorado haitiano vive bajo el yugo del terror, cualquier elección que excluya estas zonas carece de legitimidad matemática.
Pero, si se incluyen, surge la pregunta demoledora que anula el plan del Consejo: ¿Quién puede asegurar la integridad de los electores?
El desafío logístico monumental
La amenaza no se limita a las urnas, porque esta comienza en los almacenes. Para que las boletas y el material electoral lleguen a los centros de votación en el Oeste y Artibonite, el CEP y el Gobierno se enfrentan a la encrucijada de negociar o confrontar a las pandillas.
La negociación es ineludible por el control total que ejercen las bandas sobre los corredores logísticos críticos del país.
Según múltiples reportes compilados de medios de comunicación haitianos, las pandillas dominan actualmente las rutas principales: la Route Nationale I (RN-1) y la Route Nationale 2 (RN-2).
También aquí, expliquemos su valor e influencia en la crisis. La RN-I es la arteria vital que mira al Norte, conectando Puerto Príncipe con el norte del país (Cabo Haitiano y Juana Méndez, en la zona fronteriza).
Por su parte, la RN-2 es el cordón umbilical que enlaza la capital con la península del Sur (hasta Los Cayos). Es el único corredor terrestre principal para el movimiento de ayuda humanitaria, bienes de consumo y personas, facilitando el comercio agrícola y pesquero.
Visto esto, imaginar que si estas rutas son cortadas por la violencia de las bandas, la mitad sur del país quedaría totalmente aislada, desatando una catástrofe.
Y aquí es donde el Consejo Electoral debe aclarar si pagaría «peaje» a las bandas para que dejen pasar sus camiones con material electoral.
Hay fecha de elecciones en agosto, pero el CEP no responde sobre las garantías para el conteo de votos.
¿ Y quién fiscalizará esos votos?
Basta un ejemplo, entre otros tantos, relacionado con esto último. Es este: En zonas controladas por grupos como Viv Ansanm, los miembros de mesa enfrentarían intimidación o serían impuestos directamente por los líderes de las bandas, y ya esto transformaría la votación en una farsa.
Se suponía que la fuerza liderada por Kenia recuperaría el control territorial antes de las elecciones. Ahora, con una Fuerza de Seguridad de Haití a cargo, su despliegue es alarmantemente lento. Persiste la duda de si esa fuerza logrará «pacificar» el Oeste y Artibonite para el 30 de agosto de 2026.
¿Y qué de los centros de votación?
Sobre lo que se conoce respecto al venidero proceso electoral, la infraestructura física, como escuelas e iglesias, los centros de votación habituales, son ahora refugios de desplazados o bastiones de pandillas.
Lo más grave es que tampoco hay lugares físicos seguros para instalar las mesas. Para sumar a la ruta de mal a peor por la que transita Haití, la Oficina de Identificación (ONI) no ha logrado renovar cédulas de votación en las denominadas “zonas rojas”.
Se afirma que miles de votantes en el Oeste y Artibonite quedarán sin el documento esencial para ejercer su derecho al voto.
Con todo este panorama nebuloso colgando sobre el pueblo haitiano, planificar la distribución de material electoral para agosto de 2026 en las condiciones actuales no es gestión, sino un acto de fe suicida.
En este trabajo periodístico quedará asentada esta crítica advertencia: Si el CEP insiste en esta fecha sin que antes ocurra una recuperación militar total del territorio en el Oeste y Artibonite, el escenario más probable, sin dudas, no es una elección.
Lo que podría producirse sería una farsa electoral donde las pandillas impondrán los resultados en el 60% del país, legitimando su poder ahora con un falso barniz de «legalidad».
Asimismo, el peligro inminente es que las elecciones de 2026 legitimen a las pandillas como fuerza política oficial.
Con los datos aportados aquí por Listín Diario, que ha asumido un compromiso inquebrantable con la cobertura veraz y profunda de la crisis haitiana, se pretende servir como herramienta de orientación a la nación, principalmente a sus líderes políticos, sociales y económicos.
Entonces, como decía al final de cada entrega el fenecido periodista dominicano Alberto Amengual, durante sus 54 años de programa de televisión: «Sea usted el jurado».
