A raíz de las múltiples operaciones que han ocurrido en relación a la identificación de indocumentados que habitan en República Dominicana, el Instituto Duartiano hace un llamado urgente a los partidos y agrupaciones políticas a definir sus propuestas sobre la inmigración irregular.
«Es la responsabilidad de las entidades políticas, todas, los grandes y pequeños partidos, los dividendos, de mayor apoyo y los de menor apoyo para que presenten de manera pública cuál es su visión sobre este problema», aseveró el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente de la entidad.
Ramírez reiteró que el órgano patrio tiene «muchos años» advirtiendo a las autoridades nacionales con respecto a los riesgos que se han estado asumiendo y la errónea política de intolerancia consistente en la inaplicación de las leyes del país. Asimismo, el incumplimiento de algunas normativas que declaran de ilegal la entrada o permanencia de extranjeros en el país cuando estos no puedan probar la legalidad de su estadía o situación migratoria en el territorio dominicano.
El dirigente continuó: «Nosotros abogamos con que se intensifiquen los esfuerzos de deportación de todos los ilegales que están en el territorio nacional», y enfatizó en los habitantes de nacionalidad haitiana: «principalmente esa masa desproporcionada e incontrolada de haitianos en situación irregular».
Código Laboral y falta de control por la autoridad dominicana
Durante su discurso, Gómez Ramírez señaló los artículos 135 y 136 del Código Laboral, ambos coincidentes en la nacionalización del trabajo. Estos dos artículos precisan que al menos 80% del número total de una empresa debe estar integrada por ciudadanos dominicanos.
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De la misma manera, destacó lo acontecido el pasado jueves en el Estadio Olímpico Félix Sánchez luego de la victoria de Haití frente a la selección dominicana tras un partido de fútbol. Posterior a este concluir, hubo aglomeraciones de aficionados en el espacio, las cuales describió Wilson Gómez como «una simple muestra de la peligrosidad que extraña esta desproporcionada e incontrolada población en territorio nacional».
El dirigente invita a las autoridades a «no esperar que ocurra lo peor» y tomar control de la situación. De igual forma, mencionó la gran cantidad de habitantes ilegales que residen en la comunidad de Friusa en el sector de Bávaro del Distrito Municipal de Verón y lo plasmó como «otro espacio incontrolado por la autoridad dominicana».
Refiriéndose a aquellos extranjeros que, aún estableciéndose en la nación de forma ilegal, intentar recibir una educación básica o superior, el presidente de la entidad expresó: “Si bien en principio no se le puede negar la educación, todo está condicionado, como también está condicionado para los dominicanos que se presenten los documentos de cada persona, es decir, a todo estudiante dominicano en las universidades y en las escuelas se le exige documentación. A todo extranjero hay que exigirle documentación”.
A esto agregó que en caso de que se quiera favorecer a un sector determinado, como lo puede ser la población haitiana, entonces habría que establecer programas especiales de formación, como señaló que se hacía hace algún tiempo para los niños y los jóvenes que estaban en la zona cafetalera.
