La Fiscalía solicitará a los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona ratificar la condena de 10 y 15 años de prisión a cuatro hombres de la peligrosa red de tráfico humano desmantelada en la Operación Iguana.
El MP solicitará al tribunal de alzada rechazar las apelaciones de los acusados y que se confirmen las duras condenas dictadas en Jimaní el año pasado: 10 años para Roberto Méndez Pérez, ex-coordinador de control de Migración (DGM) en la frontera, y para el inspector Johan Rosario Castillo; 15 años de cárcel para Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán.
La sentencia, además, ordena que todos paguen una multa de 150 salarios mínimos, una multa millonaria.
Las fiscales Yoanna Bejarán y Wendy González, titulares de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Barahona, quienes representan al MP en el juicio, explicaron que pedirán que la sentencia se confirme íntegramente.
Las fiscales Bejarán y González recalcaron la urgencia de sancionar estos graves crímenes que afectan a personas en condición de vulnerabilidad, sobre todo mujeres, niños y adolescentes.
Los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, Joselin Moreta (presidente), Wanda Deñó y Santa Kenia Pérez Féliz, aplazaron este lunes la audiencia para el próximo 29 de diciembre a las 9:00 AM, por la ausencia de dos abogados de la defensa.
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La PETT lanzó la Operación Iguana en 2022 con nueve allanamientos simultáneos en Independencia, Bahoruco y Pedernales, desmantelando la red que usaba la frontera domínico-haitiana como su centro de operaciones.
En los allanamientos, la Fiscalía arrestó a los acusados e incautó siete vehículos, 127 pasaportes extranjeros, cerca de 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma 9 milímetros.
La PETT y la Pepca, con el apoyo de Investigación de Migración (DGM), iniciaron la investigación en diciembre de 2021 contra esta red, logrando pruebas contundentes que los vinculan al tráfico humano agravado y al secuestro de dos mujeres y dos niñas cubanas, entre otros casos.
El expediente acusatorio revela que los traficantes recurrían a amenazas y chantaje para el cobro de sobornos. También secuestraban a sus víctimas y las mantenían en cautiverio hasta recibir el pago exigido para su liberación, usando incluso más amenazas para asegurar el rescate.
El grupo fue acusado de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Humano y Trata de Personas, el Código Penal dominicano, la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología, la Ley 631-16 de Armas, y la Ley 136-03 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, además de la Ley 583 sobre Secuestro.
