La presunta red criminal compuesta por empleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa) asociada con médicos utilizaba información confidencial, además del conocimiento interno de los protocolos, con la cual accedían a la base de datos de los usuarios afiliados, según detalla el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción.
Modus operandi
Al disponer el paso a los perfiles, realizaban una cautelosa selección a un beneficiario con un bajo historial de interacción institucional, para así minimizar el riesgo de ser descubiertos.
Luego de obtener esta información, usaban nombres ficticios como “Pedro Martínez” o “Ángel Beltré Gutiérrez” para llamar al servicio al cliente utilizando los números telefónicos 809-457-0438, 849-855-3822 y 809-617-2093, de manera que ocultaban su identidad.
Múltiples firmas fueron falsificadas para generar reportes de autorizaciones médicas fraudulentas; efectuaron reclamaciones por procedimientos ambulatorios sin los usuarios afiliados, reclamaciones incompletas sin sello del doctor o Prestadoras de Servicios de Salud (PSS), sin número de Núcleos de Apoyo Fiscal y Contable (NAF), teléfono del doctor o Prestadoras de Servicios de Salud (PSS), ciudad, con tachaduras o enmendaduras, errores en la numeración de la autorización o monto reclamado, números telefónicos equivocados o fuera de servicio.
Según el Ministerio Público, se facturaron servicios a nombre de decenas de personas y, en numerosos casos, tampoco se conocen los médicos de los cuales se registró la labor.
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Rastro del dinero
Al llevar a cabo el debido procedimiento del desfalco, la red criminal distribuyó los fondos obtenidos ilícitamente; esta repartición fue por medio de transferencias bancarias entre los miembros de la red. Varios utilizaron justificaciones falsas, tales como: “pago a san de madre”, “San de tu madre” o “pago préstamo Ángel Luís Guzmán”; en cambio, otros no colocaron ningún concepto, para dar la apariencia de legalidad al origen de los fondos.
Denuncia
El Seguro Nacional de Salud (Senasa) formalizó una denuncia el 28 de noviembre del año 2024, la cual expuso que, desde hace numerosos meses, dicha administradora de riesgos de salud recibió informaciones de que a través de su gerencia de salud y afiliación se estaban cometiendo actos fraudulentos en las autorizaciones de procedimientos médicos y consultas de los usuarios.
La investigación expuso que estas maniobras fraudulentas, arrojaron operaciones que involucran, hasta el momento, sumas ascendentes a los cuarenta millones de pesos dominicanos DOP$40,000,000.00.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra 25 personas, entre ex empleados médicos y particulares detenidos durante la denominada Operación Senasa 2.0-A, los cuales se encuentran a la espera de ser trasladados al tribunal, donde se conocerá la solicitud de restricción procesal.
La solicitud de medida de coerción, contenida en un expediente de 525 páginas, imputa a los procesados Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También a los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
El Ministerio Público también solicita prisión para los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
El Ministerio Público entrevistó además a los señores David Starling Monero García, Laura Virginia Vargas Cabrera, Ignacio Feliz Amador, Miguel Antonio Sánchez Barrera y Ronald Magallanes, quienes manifestaron que, pese a figurar como beneficiarios en formularios de reclamaciones médicas sometidos a SENASA, no recibieron los servicios médicos consignados.
