Un juez impuso un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Edwin Reynaldo Rodríguez Cruz, acusado de presuntamente violar sexualmente y matar con un arma blanca a la adolescente Yosnely Álvarez, en un hecho ocurrido el pasado domingo en el municipio Villa Bisonó (Navarrete), provincia Santiago.
Rodríguez Cruz, de 28 años de edad, a quien también se le acusa de violación sexual agravada en perjuicio de otra menor que acompañaba a la fallecida, cumplirá la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, de la provincia Santiago.
Además de la prisión preventiva, y en atención a la solicitud del Ministerio Público, el tribunal autorizó la realización de anticipo de pruebas a la víctima sobreviviente, pedimento que este órgano investigador hizo con intención de preservar la intimidad de la víctima, así como para evitar la revictimización y el riesgo de que se pierdan detalles que la memoria no pueda conservar.
La adolescente de 13 años intentó huir, pero fue alcanzada por el agresor que la apuñaló múltiples veces y luego lanzó su cuerpo a las aguas del río, donde fue recuperado por las autoridades después de un operativo de búsqueda.
En la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público plantea que el imputado, quien se desplazaba a bordo de su motocicleta, se ofreció a transportar a las víctimas a comprar una cena. Luego de recorrer calles y callejones se adentró en una zona apartada entre matorrales, cercana a la carretera que une el centro de la ciudad con la comunidad Capilla, en las proximidades del río Yaque del Norte, donde cometió los hechos.
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La investigación preliminar estableció que la víctima de 14 años logró sobrevivir porque se escondió entre los matorrales cuando el agresor corrió detrás de su amiga y permaneció allí hasta el amanecer.
Las distintas diligencias que el equipo investigador desarrolla, persiguen construir la teoría de los hechos perpetrados por el imputado, quien enfrenta cargos provisionales por violación a los artículos 117, 118 (numerales 1 y 4), 119, 127, párrafo II (2, 3, 4, 5, 8), 135, 137 (2 y 6) y 167, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley No. 44-26, que tipifican y sancionan la tortura o actos de barbarie agravados, trato cruel, inhumano o degradante, violencia de género agravada, violación sexual agravada por amenazas de muerte y uso de armas blancas.
También, el artículo 396 (A, B y C) de la Ley No. 136-03, del Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, en perjuicio de la víctima menor de 14 años.
Además, se le imputa violar los artículos 117, 118 (1 y 4), 119, 127, párrafo II (2, 3, 4, 5, 8), 93, 94 (1), 135, 137 (2 y 6), y el 167, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley No. 44-26, que tipifican y sancionan la tortura o actos de barbarie agravados, trato cruel, inhumano o degradante, violencia de género agravada, violación sexual agravada, uso de armas blancas y feminicidio agravado. Igualmente, el artículo 396 (A, B y C) de la Ley No. 136-03, en perjuicio de la víctima menor de 13 años de edad.
Un amplio equipo obtiene pruebas del caso
El levantamiento de información pericial, documental y material está a cargo de un equipo multidisciplinario del Ministerio Público, integrado por la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), dirigido por Olga Diná Llaverías; la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes del distrito judicial de Santiago, representado por la procuradora fiscal María Dolores Rojas, y la Unidad de Atención a la Violencia de Género de la Fiscalía de Santiago, dirigida por la fiscal Gladisleny Núñez.
También, por la fiscal Xiomara Peña, y el Departamento de Violencias Físicas (Homicidio) de la Fiscalía, encabezado por su directora Yeilín Durán, y la fiscal Cristina Ramírez.
