Oviedo, Pedernales.- Más de 80 trabajadores y sus familias salieron a las calles del municipio de Oviedo, provincia Pedernales, a protestar por el cierre la empresa BG Investment Group, argumentando que era su única forma de ganar el sustento.
La compañía, que se dedicaba al reciclaje y clasificación de textiles usados, desde el año 2008, fue clausurada por disposición de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Los empleados indicaron que era un sostén para toda la comunidad, porque apoyaba las actividades de deporte, la salud de los más pobres y “cualquier situación de la comunidad”.
“Todo el pueblo de Oviedo se beneficiaba de esa zona franca”, precisaron.
Ramón Alberto Pérez Terrero (Petete), alcalde de Oviedo, definió la situación como preocupante y advirtió que el hambre y la miseria se apoderarán de ese empobrecido municipio del sur del país.
“La única ayuda que recibe el ayuntamiento de Oviedo, la otorga esta empresa. Tenemos hombres y mujeres con deseos de trabajo», indicó.
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«Aquí hay hombres y mujeres que con lo que ganan aquí mantienen a su familia y otros estudian», insistió.
«Hagan lo que tienen que hacer para que la empresa pueda operar nuevamente”, pidió a las autoridades de Aduanas.
Rafael Pérez Matos, presidente Asociación de Productores de Plátanos de Oviedo, dijo que la miseria, el hambre y la necesidad, se han apoderado del pueblo, debido al cierre de la empresa, la única con que cuentan en la comunidad.
La empresa BG Investment Group denunció recientemente un presunto trato desigual por parte de la Dirección General de Aduanas (DGA), que, según afirman, ha provocado la paralización de sus operaciones y pone en riesgo 85 empleos directos y más de 250 indirectos.
La empresa, única en su especie, en la referida localidad, asegura que opera bajo el régimen de desarrollo fronterizo, con la clasificación número 127-184-08, cuyo certificado permanece vigente hasta 2028.
BG Investment Group afirma, haber pagado más de RD$48 millones en impuestos aduanales y que las verificaciones realizadas no determinaron contrabando ni irregularidades.
Sin embargo, denuncia la retención de nueve contenedores y cuestiona cambios en la valoración de sus mercancías, sin una explicación técnica que, según plantean, justifique los nuevos criterios.
La compañía, llevó el conflicto ante el Tribunal Constitucional, alegando afectación a la igualdad ante la ley, el debido proceso, la seguridad jurídica y la libertad de empresa, además del cumplimiento del marco legal de desarrollo fronterizo.
Dice que no solicita privilegios ni pretende evadir impuestos, sino que se respeten las condiciones de su certificación, se emitan decisiones administrativas debidamente motivadas y se le permita continuar operando mientras se resuelve la controversia.
