Las constantes denuncias referentes a los establecimientos de origen asiático son un problema propio de la región latinoamericana, subvencionado por su país de origen, lo que les permite ingresar a los mercados locales con precios muy bajos, donde las industrias y comerciantes locales no pueden competir.
Así lo reveló el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, al indicar que, aun cuando el gobierno acepta y apoya la inversión extranjera que compite bajo las reglas establecidas, mantiene una postura firme y de persecución contra el comercio ilegal.
“Se han cerrado centenares de comercios chinos a través del Ministerio de Vivienda, con la participación del MICM, y ahora presidimos una mesa para combatir el comercio ilícito que identifica donde hay un comercio que no tiene un permiso de construcción, donde hay un comercio donde sus empleados no tienen los papeles de inmigración correctamente…”, describió.
Representada por el sector privado, el Ministerio Público y demás instituciones gubernamentales, esta mesa de trabajo monitorea todos los establecimientos a nivel nacional para identificar si cumplen o no con los permisos requeridos.
Siendo así que 19 comercios propiedad de nacionales asiáticos han sido intervenidos en el período enero-septiembre de 2026, resultando de dichas intervenciones el decomiso de 235,570 productos, por diversas violaciones a las leyes nacionales.
Entre estas resaltan la comercialización sin el debido registro sanitario, con fecha de vencimiento caducada, sin soporte de su ingreso al país y sus respectivos pagos aduanales o por el no registro de dichos negocios sin el debido registro de razón comercial y pagos de impuestos por operaciones comerciales en el territorio nacional.
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De estos 19 locales, 14 de ellos fueron intervenidos mediante allanamientos directos y 5 mediante operativo de inspección en comisión mixta interinstitucional.
A través de estas operaciones expresó que han incrementado las recaudaciones estatales gracias a los controles y fiscalizaciones conjuntas entre la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA), dando un total de RD$3,195 millones.
De manera específica, la DGA ha podido recuperar unos RD$1,795 millones de pesos en beneficio del Estado dominicano, por concepto de correcciones de valor en zona primaria aduanera, también conocidas como fiscalizaciones post-despacho, y la DGII ha recaudado en beneficio del Estado dominicano unos RD$1,400 millones, por concepto de impuestos no pagados, detectados durante fiscalizaciones al comercio asiático que opera en el país.
Control al comercio ilegal
El control del comercio ilícito en la República Dominicana posibilita que otros comercios formales puedan ejercer sus operaciones con mayor facilidad, lo que a su vez aumenta las recaudaciones propias de una economía circular.
Por esta razón, subrayó con énfasis que no es una cuestión de negocios asiáticos en sí, sino de aquellos que incumplan con las leyes dominicanas, aclarando que el problema principal no es la falta de registro inicial de las empresas, sino que algunos negocios se registran para una actividad, pero realizan otra ilegal o incurren en falsificaciones.
“Con el comercio legal no hay tema, con el comercio ilegal seremos implacables”, puntualizó el funcionario.
Para respaldar estas declaraciones, el Cuerpo Especializado de Control de Combustible (Ceccom) ha realizado 94 allanamientos y 95 mediante operativos de inspección en comisión mixta interinstitucional, de los cuales ha resultado la incautación de 17,655,027 mercancías decomisadas.
