SANTO DOMINGO.- Los problemas del sector eléctrico dominicano no se resuelven, en parte, porque los gobernantes evitan asumir el costo político de enfrentar el fraude eléctrico, regularizar conexiones informales y aplicar sanciones, afirmó el asesor energético, José Paulino.
El experto afirma que los diferentes presidentes han postergado durante décadas medidas para regularizar barrios y perseguir el fraude en el consumo de electricidad, debido a las posibles fricciones sociales que generarían estas acciones.
“Cerca del 80 % de la inercia frente al fraude eléctrico responde a decisiones de política pública y cálculos de costo político. La regularización masiva de barrios y la persecución efectiva del dolo eléctrico conllevan fricción social; una carga que los gobernantes han preferido esquivar a lo largo de décadas, trasladando el costo patrimonial a las finanzas estatales vía transferencias corrientes”, explica.
Paulino señala que las conexiones ilegales, la manipulación de medidores y la energía suministrada que no se cobra reducen los ingresos de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE).
A su juicio, esa situación contribuye a la necesidad de transferencias estatales para cubrir sus déficits financieros, trasladando parte del costo de las pérdidas a las finanzas públicas.
Apagones no es por déficit de generación
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Paulino descartó que los recurrentes apagones que acontecen en el país sea por un déficit de generación, al considerar que el sistema tiene disponibilidad de energía eléctrica suficiente para suplir la demanda nacional, por lo que su causa está en las redes de transporte y distribución.
“La potencia disponible en el parque de generación supera la demanda máxima coincidente del sistema, dejando márgenes de reserva rodante e incluso capacidad teórica de excedente. No falta energía en las barras de despacho; el problema radica en las redes de transporte y distribución”, detalla.
Corte por falta de pago
El asesor también denunció que algunos circuitos son desconectados por razones financieras para reducir el suministro de energía que las distribuidoras no esperan cobrar. Esa situación, afirmó, perjudica a los clientes que pagan sus facturas, quienes pueden sufrir apagones por problemas que no dependen de su comportamiento como usuarios.
También advirtió que la expansión inmobiliaria en Santo Domingo y otras ciudades no siempre marcha al ritmo de las inversiones necesarias para ampliar la capacidad de las redes.
“En primer término, persiste la práctica encubierta de la desconexión selectiva de circuitos por razones financieras y de pérdidas no técnicas. Aunque el Reglamento de Aplicación de la Ley 125-01 (aprobado mediante el Decreto núm. 555-02) consagra la obligación de brindar un suministro continuo y de calidad al usuario regulado, las pérdidas por fraude, conexiones informales y falta de cobro asfixian el flujo de caja de las distribuidoras. En consecuencia, se recurre a cortes orientados a mitigar la colocación de energía que no será cobrada”, expuso.
Paulino planteó que la solución requiere modernizar la infraestructura eléctrica, mejorar el mantenimiento, revisar los procesos de adquisición de equipos y aplicar las normas técnicas de la Superintendencia de Electricidad (SIE).
Además, que República Dominicana no enfrenta hoy una insuficiencia de plantas de generación; padece las consecuencias de una infraestructura de distribución desfasada, de compras técnicas ineficientes, de debilidad en la aplicación del régimen sancionador de la SIE y de la ausencia de una voluntad política firme para erradicar las pérdidas no técnicas.
“El cliente que paga puntualmente su factura merece que el debate se dé sobre verdades técnicas, no sobre mitos administrativos”, concluye.
