La recuperación de más de 2,300 millones de pesos a través de arreglos con acusados de corrupción puede marcar un hito histórico en la batalla contra este flagelo. Los acuerdos judiciales, a los que tanto se recurre como opción en varios países, son el camino más adecuado para obviar procesos legales, los cuales, en ocasiones, se tornan interminables. Pero los acuerdos, para despejar dudas, necesitan transparentarse totalmente. A pesar de lo importante, no es suficiente con que el presidente Luis Abinader haya declarado que los recursos recuperados serán destinados a la construcción de obras deportivas, todas muy necesarias para el desarrollo de la juventud. Ni que se creara, para vigilar las construcciones, una comisión de veeduría ciudadana. Es necesario que el Gobierno explique con lujo de detalles el proceso a través del cual se recuperaron los fondos públicos. Por ejemplo, la identificación exacta de los acusados, los casos judiciales en los que se les involucra, el monto de lo defraudado al Estado y otros detalles que aclaran las negociaciones. Y de esa manera la opinión pública estará mejor edificada sobre la recuperación de ese dinero sustraído por la corrupción.
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