La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) respaldaron el proyecto de ley que propone extender a 24 meses el plazo de adecuación para la implementación del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, contenido en los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal.
La iniciativa fue presentada ante el Senado por el legislador de la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, mediante la modificación del artículo 31 de la Ley núm. 44-26.
ANJE indicó mediante un comunicado que el plazo actual de tres meses, cuyo vencimiento está fijado para el próximo 5 de noviembre, resulta insuficiente para que las empresas, en especial las micro, pequeñas y medianas (Mipymes), cumplan con las exigencias normativas y asuman los costos operativos correspondientes.
El presidente del gremio, Boris De León Reyes, señaló que la aplicación de la normativa requiere reglas claras, proporcionalidad y un periodo razonable de preparación, por lo que instó al Congreso Nacional a conocer la pieza de manera prioritaria antes de que expire el plazo de vacatio legis.
La institución solicitó al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y a las instituciones del sistema de justicia la implementación de programas de formación y modelos de cumplimiento adaptados al tamaño y nivel de riesgo de cada organización.
En ese mismo sentido, Adesinc manifestó que las compañías del sector de seguridad privada requieren un margen operativo mayor para robustecer sus controles internos, revisar protocolos de supervisión y capacitar al personal.
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El presidente de la entidad, Freddy González Estrada, afirmó que la prórroga facilitaría una transición ordenada y permitiría diferenciar entre las deficiencias organizacionales y las conductas individuales que infrinjan los protocolos internos.
La asociación aclaró que la extensión solicitada se circunscribe de manera exclusiva al régimen de responsabilidad penal corporativa, por lo que no modifica la entrada en vigor del resto del Código Penal ni las responsabilidades civiles, administrativas o individuales vigentes.
