El alarmante dato de las 53,877 personas con órdenes de arresto en el país dado a conocer recientemente por la Policía Nacional contrasta con la capacidad de encarcelados que presentan tres de las principales cárceles del país.
Las más de 50 mil órdenes de arresto corresponden a individuos prófugos vinculados a delitos graves como violencia intrafamiliar, robos, agresiones físicas y homicidios.
Al contrastar esta cifra con la infraestructura penitenciaria se evidencia un déficit crítico y alarmante.
La Penitenciaría Nacional de La Victoria cuenta con una capacidad de diseño original estimada entre 2,000 y 2,103 internos, aunque ha llegado a superar los 9 mil internos y actualmente se encuentra en un proceso de transición a Las Parras.
Entretanto, el complejo de Najayo dispone de 1,137 espacios en el área de hombres y 515 en la de mujeres, para un total de 1,652 plazas.
En cuanto al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, su capacidad final proyectada se sitúa entre 7,000 y 8,800 internos, operando de manera parcial con cerca de 4,800 plazas habilitadas en sus primeras etapas.
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Al sumar la capacidad de diseño original de La Victoria (2,103), las plazas de Najayo (1,652) y la capacidad máxima proyectada del complejo de Las Parras (8,800), el sistema apenas alcanza un total aproximado de 12,555 espacios.
Aún con los más de 6 mil internos que tiene La Victoria de sobrecarga, la capacidad de las cárceles no llega ni a la mitad de la cantidad de personas en conflictos con la ley buscados por la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Las instalaciones actuales no disponen de la capacidad física necesaria para albergar a los ciudadanos requeridos por los tribunales en caso de que las autoridades ejecutaran la totalidad de los arrestos pendientes.
