Tribunales de Estados Unidos y República Dominicana juzgan a imputados de pertenecer a una red dedicada al fraude informático entre ambos países incurriendo en estafas electrónicas y lavado de activos con empresas y mecanismos financieros por un monto superior a los 286 millones de pesos, desmantelada a través de la Operación Discovery 3.0 por la Procuraduría General de la República.
Un tribunal de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, está procesando por fraude y lavado a los principales líderes de la estructura criminal donde estarían implicados los dominicanos Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, quienes fueron extraditados desde República Dominicana.
La red fue desmantelada en agosto del año 2025 mediante operativos realizados en Santiago, La Vega entre otras localidades de la región.
En República Dominicana el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Manuel Camacho, presentó ayer acusación ante un juzgado de instrucción de Santiago contra los acusados Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Yliana María Cruz García, Bernardo Taveras Vélez, Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Juan Luis Naranjo Gómez, José Ramón López Tavárez (a) William el Técnico, Luis Eduardo Méndez Ureña, Gipsy Pamela Castaños García, Ana Marleny Estévez Díaz, Justa Vélez Genao, Miguel José Rodríguez Grullón y Natasha Yaleidy Rodríguez de Naranjo.
También, las personas jurídicas Inversiones Dolores Santana Inverdosa, E.I.R.L. (INVERDOSA), JLNG Terracell, S.R.L., Rodríguez Vásquez MK Comercial, S.R.L., INVERMEG, E.I.R.L. y Qemert Pro Technology, S.R.L.
El expediente dice que una vez obtenido el dinero mediante las estafas, los recursos eran transferidos hacia República Dominicana utilizando transferencias bancarias, remesadoras, criptomonedas, intermediarios y terceros, para, posteriormente, introducirlos al sistema económico mediante empresas, bienes inmuebles, vehículos y otras operaciones destinadas a ocultar su origen.
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En el expediente se explica que la acusación describe cuatro etapas del esquema criminal: captación de víctimas; fraude y suplantación; movilización del dinero y lavado de activos.
También forman parte del proceso la titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova Cabrera; la titular de la Fiscalía de Santiago, Quirsa Milagros Abreu Peña, y el fiscal Claudio Alberto Cordero Jiménez.
Las operaciones de la presunta red fueron investigadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos con el apoyo de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional.
Se informó que la organización criminal operaba desde República Dominicana, principalmente en la zona norte del país, y mantenía conexiones con diferentes ciudades de Estados Unidos, a través de centros de llamadas clandestinos, ingeniería social, suplantación de identidad, intimidación, extorsión y falsas representaciones de autoridades o familiares de las víctimas, especialmente personas de edad avanzada.
