¡Un nuevo capítulo explosivo! La guerra legal entre Mireddys González Castellanos y su exesposo Ramón Ayala Rodríguez, el inigualable Daddy Yankee, estalló de nuevo en el Tribunal Federal en San Juan con una impactante demanda.
En esta, González Castellanos exige a Ayala Rodríguez la devolución de ¡$50 millones! que, según denuncia, desaparecieron de su cuenta bancaria sin su consentimiento.
Según la denuncia, en diciembre de 2024, las potentes corporaciones El Cartel Records y Los Cangris “aprobaron y ejecutaron” resoluciones para repartir ¡$100 millones en dividendos!
“Las resoluciones indicaban que esa fortuna se dividiría a partes iguales entre los dos socios, con $50 millones destinados a la cuenta personal de la demandante (González Castellanos) en Oriental Bank y $50 millones a la de Ayala en Oriental Bank”, detalla la querella, presentada por la licenciada María Pabón López.
Asimismo, enfatizó que “las resoluciones fueron debidamente firmadas, notariadas, selladas y enviadas a FirstBank, principal banco de El Cartel y Los Cangris, con todas las actas corporativas y el respaldo documental que acredita el cumplimiento de los procedimientos empresariales”.
¡Pero el giro fue total! Menos de 24 horas después de que esas transferencias de dividendos se completaran y el dinero se acreditara en la cuenta personal de la demandante en Oriental Bank, ¡los $50 millones desaparecieron sin rastro! “fueron revertidos y eliminados”.
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Se expone, además, que la sustracción de esos fondos “fue el producto de un plan orquestado entre Ayala y FirstBank para arrebatarle a la demandante $50 millones en dividendos empresariales a los que tenía derecho legalmente”.
FirstBank y Oriental Bank también figuran como codemandados en este escándalo.
“FirstBank Puerto Rico y Oriental Bank, a través de sus divisiones legales, funcionarios, empleados y agentes, se apropiaron ilegalmente de los fondos de la demandante al revertir intencionalmente una transferencia electrónica ya confirmada, debitar su cuenta y retirar $50,000,000 sin autorización, sin orden judicial y sin base legal válida. Al tomar control de los fondos para fines contrarios a sus derechos y a la ley, los bancos incurrieron en robo y apropiación indebida”, sostiene la demanda.
Asimismo, se reveló que, por parte de Ayala Rodríguez, han surgido declaraciones explosivas que demuestran su intervención directa para revertir los fondos.
“Gracias a los propios documentos presentados en el litigio federal por Ayala y a las declaraciones públicas de su abogado”, según se expone, se supo después que Daddy Yankee “había intervenido personalmente ante FirstBank para forzar la reversión del jugoso dividendo de $50 millones de la demandante”.
También se denuncia que una demanda federal interpuesta por Daddy Yankee revela que “gracias a la rápida acción de Ayala Rodríguez, las transacciones que transferían los fondos fueron revertidas antes de que el dinero se perdiera”.
“Esto es una admisión judicial irrefutable de que Ayala instruyó, presionó, influenció o de alguna manera hizo que FirstBank revirtiera los fondos de la demandante y que el banco acató sus exigencias a pesar de su total falta de poder de firma, autoridad corporativa o capacidad legal para alterar o cancelar cualquier transacción empresarial”, expuso.
El expediente indica que, al enterarse de la misteriosa desaparición de los fondos, llamaron a FirstBank, donde un representante supuestamente les explicó que “como había dos propietarios envueltos en el pleito, la posición del banco fue que las cuentas empresariales se tratarían como ‘solo crédito’ y que no se harían distribuciones hasta que un tribunal emitiera una resolución”.
No obstante, agregó, esa persona no pudo mostrar ningún documento u orden judicial que justificara la reversión de la transacción. Según la demanda, ese empleado “reiteró que había sido ‘la división legal de FirstBank junto con la división legal de Oriental las que manejaron el asunto”.
Tras alegar gravísimas violaciones a estatutos estatales y federales, la demanda exigió, entre otros remedios, la devolución inmediata de los $50 millones, indemnizaciones compensatorias y estatutarias, órdenes judiciales contra futuras intervenciones, una declaración oficial de que la reversión fue ilegal, no autorizada y contraria a la ley, además de la responsabilidad solidaria de bancos y aseguradoras.
