Emmanuel Ikenna Ohiri/Latinoamérica21
De acuerdo con las normas institucionales de las Naciones Unidas, el próximo secretario general probablemente, aunque no con certeza, provendrá de América Latina y el Caribe (ALC). A partir de la cuarta encuesta del Consejo de Seguridad el 29 de septiembre, los tres candidatos mejor ubicados son Rebeca Grynspan de Costa Rica, Carolyn Rodrigues-Birkett de Guyana y Rafael Grossi de Argentina.
Si bien contar con un secretario general de la región sería bien recibido por muchos latinoamericanos y caribeños, este momento trasciende a cualquier candidato. ALC está en el centro de la atención y debe encontrar la manera de aprovechar esta visibilidad para impulsar una agenda común. El cargo de secretario general puede reportar beneficios reales a la región de origen de quien lo ocupa, pero no de manera automática: el titular puede actuar como amplificador de prioridades previamente definidas. El problema es que ALC llega a esta elección con grandes posibilidades de situar a uno de los suyos al frente de la ONU, pero sin una posición común sobre los asuntos que deberían ocupar un lugar prioritario. Antes de que el Consejo decida un nombre, esta situación puede cambiar.
Lo que está en juego
Un secretario general procedente de una determinada región asistiría a sus eventos diplomáticos, expresaría su apoyo a sus instituciones y agendas y le otorgaría una mayor capacidad de influencia mediante el poder blando. Una eventual elección de un representante de ALC permitiría a la región reforzar su perfil y su influencia global. Sin embargo, los límites del cargo son evidentes. El secretario general responde a la Carta de las Naciones Unidas, no a un país o región determinados, y no puede impulsar directamente políticas en beneficio de su lugar de origen. Es el bloque regional, y no el titular del cargo, quien debe actuar; el secretario general puede facilitar esa tarea amplificando su voz.
TemasRelacionados
Como bloque, ALC se ve limitada por la fragmentación, lo que dificulta alcanzar consensos y aprovechar los posibles beneficios de esta coyuntura. El riesgo es que la región pierda la oportunidad de dar mayor visibilidad a sus prioridades y continúe ocupando una posición periférica en la gobernanza global.
Existen varios ámbitos en los que la región podría beneficiarse de una mayor atención internacional. El déficit de financiación para el desarrollo y la cooperación en materia de seguridad son dos desafíos interrelacionados que podrían adquirir mayor visibilidad. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) estima que, al ritmo actual, ALC solo alcanzará el 19 % de las metas de desarrollo previstas para 2030. Asimismo, sus
compromisos climáticos requieren inversiones anuales equivalentes a entre el 3,7 % y el 4,9 % del PIB regional hasta 2030, mientras que la financiación climática actual apenas alcanza el 0,5 % del PIB.
Las necesidades de seguridad de la región también son evidentes en múltiples frentes. En septiembre del año pasado, el Consejo de Seguridad autorizó una «Fuerza de Supresión de Pandillas» para Haití, en sustitución de una misión policial anterior de la ONU que había enfrentado constantes dificultades y carencias.
Con una visión clara y prioridades definidas en torno a estos desafíos, en el marco de una agenda unificada, la región podría solicitar compromisos concretos a los candidatos. Sin embargo, en las condiciones actuales, ALC está lejos de estar unida.
La dispersión que impide el consenso
La dispersión política alimenta la fragmentación de ALC. Los países latinoamericanos no logran unirse en torno a un candidato, mucho menos en torno a una agenda común. Los cambios de posición que debilitan el compromiso multilateral y el deterioro de las organizaciones regionales agravan el problema.
La región está atravesada por numerosas fracturas que dificultan la construcción de coaliciones para elegir a un candidato y, más aún, para definir una agenda común. La división entre progresistas y conservadores genera bloques políticos que favorecen la cooperación dentro de cada corriente ideológica. Pero también existen diferencias en materia de políticas públicas. Muchos sectores conservadores relegan las cuestiones climáticas, de desarrollo y de derechos humanos, y priorizan una agenda centrada en la seguridad. Por el contrario, dirigentes progresistas de Brasil y México respaldan políticas basadas en los derechos y sensibles a las necesidades de desarrollo, al tiempo que abordan los desafíos de seguridad, aunque mediante enfoques diferentes.
Entrecruzada con estas fracturas existe una división más profunda en torno al valor del multilateralismo. Impulsados por las críticas de Estados Unidos y por una participación selectiva en los asuntos internacionales, numerosos líderes de la región han expresado su escepticismo hacia el multilateralismo y las instituciones globales. El presidente colombiano Abelardo de la Espriella incluso hizo campaña a favor de la salida de Colombia de la ONU y ha mostrado una disposición activa a promover una reorientación profunda de la política exterior del país y de su participación en las instituciones multilaterales.
En conjunto, estas diferencias dificultan que ALC alcance un consenso sobre asuntos compartidos. Si se pretende alcanzar acuerdos, estos deberían debatirse en espacios de cooperación, pero el débil historial institucional de la región no genera demasiada confianza. La región alberga una suerte de «plato de espaguetis» de organizaciones intergubernamentales superpuestas e ineficaces, que encuentran dificultades para cooperar.
La décima Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en Bogotá, por ejemplo, contó con la presencia de apenas cinco jefes de Estado de sus 33 países miembros. Esta situación llevó al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a advertir que ALC está «acorralada y dividida» y que una CELAC debilitada favorece la influencia externa.
A escala subregional, la coordinación en el Caribe presenta mejores resultados. A diferencia de América Latina, los países caribeños se han unido en torno a una candidatura: los jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM) otorgaron su respaldo unánime a Rodrigues-Birkett en julio. Sin embargo, ese respaldo tampoco incluye demandas concretas dirigidas al futuro titular de la ONU.
El Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), el organismo de las Naciones Unidas en el que debería coordinarse la acción electoral regional, tampoco ha adoptado una posición sobre la contienda. Aunque la dispersión política ha limitado la capacidad de ALC para articular su gobernanza tanto a nivel regional como global, los miembros del GRULAC deberían elaborar y presentar una declaración consensuada sobre lo que la región espera del próximo secretario general.
Por fortuna, Colombia y Panamá forman parte este año del Consejo de Seguridad y podrían respaldar las prioridades del GRULAC en las votaciones del organismo. Sin embargo, dada la postura crítica de Colombia, esto resulta más fácil.
Superar la fragmentación
Mientras ALC permanece dividida, otros países no esperan y ya trabajan para posicionar sus propios intereses ante el próximo secretario general. Por ejemplo, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, declaró ante el Congreso que Washington mantiene reuniones con los candidatos y está transmitiendo sus prioridades en materia de reforma de las Naciones Unidas y recortes presupuestarios, al tiempo que busca incorporar a ciudadanos estadounidenses en puestos de alto nivel dentro del sistema.
La presión efectiva de Estados Unidos demuestra que Washington tiene claro qué espera del principal diplomático de la ONU. Se trata precisamente del tipo de influencia externa sobre el que Lula advirtió en Bogotá. Aunque en la región existan sectores que respalden la visión estadounidense de una ONU más reducida, esta propuesta entra en conflicto con las necesidades de desarrollo, derechos humanos y seguridad de ALC.
A través de una voz y una acción unificadas, ALC puede aprovechar su posición y visibilidad actuales para ser reconocida como un actor relevante e impulsar agendas diplomáticas que favorezcan el desarrollo y la seguridad de la región.
Además, una posición consensuada podría trascender este proceso de selección y proyectarse en todos los foros en los que la región participa actualmente de manera fragmentada, reforzando progresivamente sus propias estructuras de cooperación regional.
