Jose Luis Sampietro/Latinoamerica21
Una madre espera que se resuelva la pension alimenticia de su hijo. Un trabajador aguarda una sentencia para recuperar su empleo. Una persona investigada necesita saber si podra defenderse en libertad. Para los tribunales son expedientes; para sus protagonistas, meses de ingresos perdidos, proyectos suspendidos y noches sin dormir. La justicia no deberia medirse unicamente por las sentencias que produce, sino tambien por el tiempo que obliga a esperar.
America Latina no tiene un unico sistema judicial ni una sola causa para sus demoras. Hay diferencias de presupuesto, organizacion, acceso territorial y carga procesal. Sin embargo, en toda la region una resolucion tardia puede reconocer un derecho cuando parte del dano ya resulta irreversible. La pregunta es como acelerar los procedimientos sin debilitar las garantias que hacen legitima una decision. Las cifras muestran la dimension del desafio. Segun el Consejo Nacional de Justicia de Brasil, el pais termino el 2025 con 75,5 millones de procesos en tramite, tras recibir 40,9 millones de nuevos casos durante ese ano. Aunque el volumen pendiente disminuyo, la tasa de congestion fue del 62,6%. No se trata de extrapolar esos numeros al resto de America Latina, pues describen la realidad brasilena y muestran que incluso una mejora estadistica puede coexistir con una enorme cantidad de personas esperando.
El problema trasciende la region. Por ejemplo, el Indice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project registro un deterioro de la justicia civil en el 68% de los 143 paises y jurisdicciones evaluados. El indicador abarca distintas dimensiones, como las demoras, la eficacia de los mecanismos alternativos y la interferencia indebida. No significa que el 68% de los juicios se haya retrasado; significa que el funcionamiento de la justicia civil retrocedio en esa proporcion de paises.
Ante este escenario, la inteligencia artificial puede contribuir, pero debemos precisar para que. No deberia decidir si una persona es culpable, si merece perder su empleo o si corresponde separarla de su familia. Puede, en cambio, ayudar a los equipos judiciales a ordenar expedientes, identificar documentos repetidos, localizar antecedentes y advertir sobre plazos proximos a vencer.
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Imaginemos un proceso con miles de paginas. Una herramienta podria construir una cronologia de las actuaciones y vincular cada fecha con el documento original. El abogado podria comprobar si falta una notificacion; el juez, localizar con mayor rapidez una prueba relevante. Ninguna alerta informatica demostraria por si sola una valoracion de los hechos, la escucha de las partes y la motivacion de la sentencia seguirian siendo obligaciones humanas.
Brasil ofrece un ejemplo concreto: Victor, desarrollado por el Supremo Tribunal Federal para apoyar la identificacion y clasificacion de recursos vinculados con temas de repercursion general. Colombia aporta otra experiencia: en su sentencia T-323 de 2024, la Corte Constitucional examino el uso de ChatGPT por parte de un juez y abordo las garantias necesarias para preservar la autonomia judicial y los derechos de las partes. Ambos casos permiten discutir usos y limites de estas tecnologias; ninguno autoriza a prometer que un programa, por si solo, reducira la duracion de todos los juicios.
Ahi aparece una distincion esencial. Clasificar un expediente en minutos no sirve de mucho si la audiencia continua sin fecha. Preparar rapidamente un borrador tampoco devuelve tiempo al ciudadano si la sentencia permanece pendiente de firma o nunca se ejecuta. La mejora debe medirse desde el ingreso del caso hasta la decision y, cuando corresponda, hasta su cumplimiento. Propongo que los tribunales que incorporen inteligencia artificial publiquen cuatro indicadores: el primero, la duracion total de los procesos; el segundo, el numero de personas que esperan mas alla de los plazos legales; el tercero, la proporcion de resoluciones efectivamente cumplidas; y como ultimo, los errores detectados y corregidos. Los resultados deberian compararse con los de tribunales de competencias y cargas semejantes, para no atribuir a la tecnologia avances que provengan de contratar personal o reorganizar procedimientos.
La dimension humana tambien puede cuantificarse. Si 5.000 personas recibieran una resolucion 60 dias antes, la suma de sus esperas evitadas equivaldria aproximadamente a 822 anos. Es un ejemplo hipotetico, no un resultado alcanzado por algun tribunal. Tampoco representa anos adicionales de vida: expresa cuanto tiempo dejarian de pasar las personas pendientes de una respuesta. Esa medida tendria sentido unicamente si la rapidez no aumenta los errores ni limita el derecho de defensa. Una sentencia equivocada dictada antes no constituye progreso. Por ello, propongo que cada proyecto tecnologico empiece con una prueba controlada, revision independiente y publicacion de resultados. Una meta inicial podria ser reducir en un 20% la duracion de los tramites administrativos seleccionados durante dos anos, sin aumentar las decisiones revocadas por errores atribuibles al sistema. Es una meta propuesta para evaluar, no una eficacia demostrada.
La tecnologia tampoco reemplaza la inversion en jueces, funcionarios, defensorias e infraestructura. Una persona que debe viajar horas para asistir a una audiencia necesita acceso efectivo, no solamente un expediente digital. Y quien no dispone de conexion estable debe conservar alternativas presenciales para ejercer sus derechos. El proposito final no es que las instituciones exhiban programas mas modernos. Es que una madre reciba oportunamente los recursos para alimentar a su hijo; que un trabajador sepa si recuperara su empleo; que una persona investigada no permanezca indefinidamente bajo incertidumbre. Una sentencia a tiempo no devuelve todo lo perdido, pero puede impedir que alguien siga entregando anos de su vida a una espera que el sistema deberia reducir.
