Guatemala suspenderá desde este 1 de octubre y durante tres meses el impuesto a los combustibles para abaratar su costo, que se ha disparado a nivel mundial por los conflictos geopolíticos, una medida aprobada por el Gobierno tras las protestas y bloqueos registrados a comienzos de mes para exigir un freno al alza de los precios.
La ‘Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles’, que estará vigente hasta el 31 de diciembre próximo, fue sancionada este miércoles por el presidente del país, Bernardo Arévalo de León, y publicada en el Diario Oficial (gaceta) de Guatamala, un país importador neto de combustibles.
La normativa elimina el Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) tanto para la importación como la comercialización de las gasolinas regular y superior, el diésel y el gas licuado de petróleo (gas propano).
Esta exención tributaria se traducirá en rebajas estimadas de 1,23 dólares por galón (3,78 litros) en la gasolina superior, 1,19 dólares en la regular y 83 centavos de dólar en el diésel, de acuerdo con el Gobierno.
Actualmente, el galón de diésel se vende a unos 6,60 dólares, el de la gasolina superior a 6,06 dólares y el de la regular en 5,79 dólares, según el Ministerio de Energía y Minas.
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Por la suspensión temporal del cobro de los impuestos a los combustibles, el fisco dejará de percibir unos 3.318 millones de quetzales (434,8 millones de dólares) durante el último trimestre del año, según los análisis de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y del Ministerio de Finanzas Públicas.
Los datos del Ministerio de Energía y Minas señalan que entre enero y agosto de 2026 el país desembolsó 3.632,3 millones de dólares en la importación de los cuatro carburantes, 1.089,3 millones de dólares o un 42,8 % más en comparación con los 2.543,0 millones de dólares pagados en el mismo período de 2025.
El encarecimiento de los hidrocarburos derivó a inicios de septiembre en jornadas de protestas y bloqueos intermitentes en carreteras clave hacia los puertos de ambos litorales y las fronteras de Guatemala.
Las movilizaciones, que se disolvieron el 11 de septiembre tras diez días de paralizaciones, causaron pérdidas estimadas por el sector empresarial en 150 millones de dólares diarios en comercio exterior y unos 13 millones de dólares en recaudación fiscal.
