El Senado aplaza por segunda vez la aprobación en segunda lectura del proyecto de reforma crucial al Código Procesal Penal, que a solo un paso de ser enviado a la Cámara de Diputados.
El Congreso, con el 11 de diciembre como fecha límite para aprobar la iniciativa penal por mandato del Tribunal Constitucional, trabaja contra el reloj. De no lograrlo, las disposiciones del Código Procesal Penal del 2015 quedarían eliminadas, dejando vigentes las del 2002, consideradas obsoletas y peligrosas.
Para acelerar la aprobación y enviarla a la Cámara de Diputados, el Senado convocó una sesión de emergencia este lunes. Sin embargo, el Código Procesal Penal no fue conocido, ya que aún se pulen los últimos detalles, según informó la comisión revisora.
El senador Antonio Taveras, coordinador de los análisis del proyecto, informó que la interrupción por la tormenta Melissa frenó el avance del nuevo Código Procesal Penal. Por ello, no hubo tiempo de retomarlo ni aprobarlo este lunes.
«Después de las lluvias, vinimos esta mañana y ya estamos dándole los toques finales. Como sesionaremos mañana (martes), la Comisión Técnica del Senado tendrá menos presiones para trabajar», explicó el senador de Santo Domingo.
En ese sentido, informó que el Senado tiene programada otra sesión para mañana martes, a las 2:00 de la tarde, donde se espera la aprobación del proyecto y sus cruciales modificaciones.
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Esta es la segunda vez que el Senado posterga la aprobación en la segunda discusión del nuevo Código Procesal Penal. La primera postergación, el martes 22 de octubre, también fue por «los toques finales».
Las modificaciones polémicas
Cuando el proyecto del Código Procesal Penal fue aprobado en primera discusión, de inmediato regresó a la misma comisión que lo estudió por meses. Tras ese proceso, la pieza desató una ola de críticas por supuestos artículos inconstitucionales.
Organizaciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), a través de su vicepresidente, Servio Tulio Castaños, y el reconocido abogado constitucionalista Nassef Perdomo, ya habían advertido sobre artículos que chocarían con la Carta Magna si el Senado los aprobaba sin cambios.
En específico, la controversia se centra en la modificación del artículo 25 del Código Procesal Penal, que, según el proyecto aprobado en primera lectura, regula la analogía y la interpretación en los casos judiciales.
La analogía es un recurso que permite a un juez interpretar una herramienta para superar un vacío legal. El Código Procesal Penal vigente permite su uso, pero solo si beneficia al imputado.
Sin embargo, el nuevo proyecto aprobado por el Senado permitiría aplicar ese recurso «para favorecer la libertad del imputado y para el ejercicio de los derechos y facultades conferidos a las partes del proceso», una medida que podría ser inconstitucional, según juristas.
De acuerdo con el senador Taveras, ese y otros aspectos polémicos fueron modificados, y prometió que los demás cambios se darán a conocer en la sesión del martes.
Ultimátum: El Congreso corre contra el tiempo
Con la demora del proyecto en el Senado, el tiempo se le agota al Congreso para aprobar el nuevo Código Procesal Penal. Aparte de la aprobación en segunda discusión en el Senado, el proyecto debe ir a la Cámara de Diputados para agotar otro proceso de estudios y aprobaciones antes de diciembre.
El Tribunal Constitucional dictaminó en diciembre de 2024 que el Congreso cometió errores procedimentales al aprobar el Código Procesal Penal en 2015. Por ello, ordenó que las disposiciones sancionadas ese año quedarían sin efecto si el Poder Legislativo no aprobaba la ley nuevamente en un plazo de un año.
Este plazo vence el 11 de diciembre, por lo que los congresistas aceleran el paso para tener el proyecto listo antes de la fecha límite.
¿Qué trae el nuevo Código Procesal Penal? ¡Impactantes cambios!
La reforma al Código Procesal Penal que impulsa el Senado traerá impactantes cambios, como la confidencialidad legal, la reubicación de imputados en caso de riesgos, la reincidencia delictiva para quienes tengan procesos alternos y no cuenten con facilidades, y la obligación de que los jueces sustenten con más argumentos el supuesto peligro de fuga para imponer prisión preventiva.
