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La cancelación de la consulta presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dejó expuestas las diferencias entre sus aspirantes y aplazó hasta 2027 una medición de fuerzas que ya había provocado disputas por el padrón y cuestionamientos sobre su legalidad.
La falta de equipos para la votación automatizada precipitó el desenlace, pero el proceso llevaba meses acumulando tensiones internas.
Gonzalo Castillo expresó su desacuerdo con la cancelación, aunque anunció que la acatará. Francisco Domínguez Brito, quien había consultado a la Junta Central Electoral (JCE) sobre la viabilidad jurídica del mecanismo, respaldó que se respete la decisión. Francisco Javier García había cuestionado el tratamiento de más de medio millón de ciudadanos con afiliaciones múltiples, al advertir que podía afectar el resultado y favorecer a un competidor.
Las diferencias alcanzaban, por tanto, aspectos centrales de la consulta: su encaje en la legislación electoral, quiénes podían votar y las condiciones en que los aspirantes medirían su respaldo.
La cancelación deja esas controversias sin una prueba en las urnas y mantiene abierta la competencia por encabezar la candidatura peledeísta en 2028.
- La jornada estaba prevista para el 18 de octubre, con Castillo, García, Domínguez Brito y Manfred Mata en la boleta. A menos de tres semanas de esa fecha, la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (Conap) decidió dejarla sin efecto.
El padrón, un foco de conflicto
Una de las principales disputas internas surgió por la situación de 523,781 ciudadanos que figuraban con afiliaciones en varias organizaciones políticas y no habían sido validados para participar.
La Conap dispuso que completaran un procedimiento para confirmar su condición y habilitó una plataforma digital con ese propósito. La medida provocó los cuestionamientos de García, quien sostuvo que el manejo de ese grupo de electores podía incidir en el resultado.
La comisión rechazó que estuviera excluyendo ciudadanos del padrón y negó conocer sus preferencias por cualquiera de los aspirantes. Su respuesta, sin embargo, no eliminó la controversia sobre un universo de votantes cuyo tamaño lo convertía en un elemento relevante de la competencia.
Hasta pocos días antes de la cancelación, el partido continuaba afinando las reglas de participación, incluida la validación de las afiliaciones múltiples y la prohibición de utilizar teléfonos celulares dentro de los recintos de votación.
Reacciones encontradas
El anuncio de la Conap tampoco produjo una reacción uniforme entre los aspirantes.
«No era lo que esperábamos. Pero como peledeístas disciplinados, acatamos esa decisión y la respetamos», manifestó Castillo.
El exministro anunció que continuará sus recorridos y actividades en las provincias y afirmó que su proyecto representa un «sentimiento mayoritario» dentro de la militancia. La consulta cancelada habría permitido contrastar esa afirmación con el respaldo de los demás competidores.
Domínguez Brito sostuvo una posición distinta y respaldó que se respete la decisión de la comisión. Su preocupación por el ajuste del proceso a las disposiciones electorales había quedado documentada desde junio, cuando solicitó formalmente la opinión de la JCE.
En tanto, Francisco Javier García fijará posición hoy.
Los equipos precipitaron la cancelación
La explicación inmediata de la Conap fue logística. Su coordinadora, Cristina Lizardo, informó que se necesitaban al menos 2,200 equipos, incluidos los destinados a contingencias. La JCE facilitó 600, lo que dejaba un faltante de 1,600.
Según Lizardo, continuar sin esos dispositivos habría contravenido el mandato del Comité Central, que dispuso la votación automatizada.
La Conap informó que el proceso será retomado a partir de julio de 2027. Mientras, los aspirantes podrán continuar sus actividades políticas, pero sin el resultado que debía ordenar sus fuerzas. El PLD aplaza su definición presidencial con las diferencias sobre las reglas de competencia todavía como telón de fondo.
En respuesta a esa solicitud, la JCE advirtió que la consulta prevista para octubre no tenía respaldo en el ordenamiento electoral vigente para esta etapa. Señaló que la Constitución y las leyes de Régimen Electoral y de Partidos establecen los períodos y mecanismos de selección de candidaturas, y que la denominada consulta interna no figura entre esos mecanismos.
La controversia también llegó al Tribunal Superior Electoral (TSE), que en junio fusionó dos expedientes contra decisiones del Comité Central relacionadas con el proceso. Una de las acciones solicitaba anular la resolución que aprobó la consulta y reclamaba el cumplimiento de la sentencia TSE/0011/2025. En septiembre, el tribunal declaró inadmisible un amparo que buscaba suspenderla porque el asunto ya se conocía por la vía ordinaria. Esa decisión no resolvió el fondo ni validó la legalidad del mecanismo.
